“Al modernizar el sector minero, impulsar la digitalización, fomentar la innovación y fortalecer las instituciones, este proyecto ayudará a atraer inversión privada responsable y traducirá el potencial minero del Perú en empleos sostenibles y crecimiento inclusivo”, manifestó Issam Abousleiman, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

El proyecto busca enfrentar los principales cuellos de botella que han afectado la inversión minera en los últimos años, como las demoras en la obtención de permisos y las limitaciones en la gestión pública. Para ello, se impulsará la implementación de una Ventanilla Única Digital (VUD) que permita agilizar autorizaciones, mejorar la trazabilidad de los procesos y reforzar la transparencia.

Estas medidas apuntan a generar mayor predictibilidad regulatoria, factor clave para atraer nuevas inversiones, especialmente en un contexto de creciente demanda global por minerales estratégicos.

Uno de los componentes centrales del programa es el fortalecimiento de la capacidad geocientífica del país, mediante la generación y difusión de datos de alta calidad que reduzcan la incertidumbre en las etapas de exploración.

Esto incluye la implementación de una Litoteca Nacional de Testigos de Perforación y el desarrollo de un laboratorio de geocronología de última generación, herramientas que permitirán mejorar la calidad de la información disponible y promover inversiones en exploración minera.

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¿Cómo definiría el estado actual del transporte sostenible en América Latina y el Caribe? ¿Qué avances concretos destacarías?

Me enfocaré principalmente en el transporte urbano. El concepto de transporte sostenible engloba aquellas inversiones y modos que son más eficientes, más amigables con el medio ambiente y que atienden a la mayoría de la población. Esto incluye el transporte público masivo, como metros y buses de tránsito rápido (BRT), así como los modos no motorizados, como caminar y andar en bicicleta, que muchas veces subestimamos, pero que en realidad representan la mayoría de los viajes urbanos en nuestras ciudades.

El estado actual es uno de transformación. Se trata de un servicio que ha venido modernizándose progresivamente. Si miramos hacia atrás, los primeros esfuerzos innovadores surgieron en Brasil a finales de los años 70. Sin embargo, fue Bogotá, con el sistema TransMilenio, la que realmente marcó un punto de inflexión, introduciendo un nuevo modelo que se ha replicado en diversas ciudades.

Hoy estamos viendo una nueva generación de modernizaciones, enfocadas en la integración de sistemas y en superar la dualidad existente: por un lado, sistemas modernos como los BRT y, por otro, una mayoría del servicio prestado de manera informal, con empresas que operan sin regulaciones claras, sin empleos formales y con tarifas que no cubren los costos reales. Esa es la brecha que aún no logramos cerrar del todo.

El problema es que esta transformación cuesta dinero. No es algo que se pueda financiar solo con tarifas de los usuarios. Requiere inversiones de… Puede consultar la entrevista en nuestra edición 120 aquí.

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“Los grandes males en el Perú son la corrupción, el centralismo y la informalidad, además de la seguridad ciudadana, por supuesto. En ese sentido, tenemos que pensar fuera de la caja y ya no estar pensando en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que estar pensando en el Ministerio de Lucha contra la Corrupción, en el Ministerio de Formalización, en el Ministerio de Descentralización”, sostuvo en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Para lograr este objetivo, el ejecutivo sugirió la colaboración de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han trabajado en iniciativas de formalización en otros países.

En otro momento, Benavides mencionó, como ejemplo, la necesidad de un control más riguroso sobre la cadena de suministros y proveedores en regiones mineras como Madre de Dios, con el objetivo de monitorear el tráfico de materiales utilizados para la minería ilegal.

“Que pongan cámaras y sensores para detectar quiénes son los que llevan los suministros. Que los cartuchos de dinamita tengan el registro de su numeración y fabricante. Y por supuesto, fiscalizar la venta de maquinaria, ¿Quién les compra la maquinaria? ¿Y si es que les están pagando en efectivo? Eso es parte de la informalidad”, reflexionó.

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Dijo que el potencial de crecimiento económico del Perú no es 2.5%.

“Para nosotros es de casi 6% anual, con más motores de crecimiento que no los están utilizando. Para ello necesitan reformas necesarias de corto, mediano y largo plazo”, subrayó en su ponencia “Acelerar el crecimiento y potenciar las inversiones”, en el evento del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), según las declaraciones difundidas por El Peruano.

“Hay sectores muy importantes para diversificar, como la economía digital, el turismo y la minería; todavía hay mucho potencial en el sector agropecuario. Se trata de motores muy importantes”, subrayó.

También refirió que el crecimiento a nivel descentralizado juega un papel muy importante en el país, un proceso que necesita terminarse de implementar, que se ha quedado a la mitad y necesita ser modernizado.

Asimismo, destacó que en el sector minero hay un pipeline de proyectos mineros que representan inversiones por 50,000 millones de dólares y que el Perú puede beneficiarse con la transición energética mundial que requiere del cobre.

Abousleiman señaló que también hay una transición energética en el interior del Perú que necesita implementarse y ayudará al crecimiento económico.

“Entonces, hay mucho potencial que necesita de reformas. Esperamos que ya que tenemos la pandemia detrás de nosotros, el Gobierno puede enfatizar las reformas necesarias”, subrayó.

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Dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso —como una inflación más alta que la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para contenerla, el resurgimiento de la pandemia de COVID-19 o la intensificación de las tensiones geopolíticas— podría empujar a la economía mundial a la recesión. Sería la primera vez en más de 80 años que se producen dos recesiones mundiales en la misma década.

Se prevé que la economía mundial crecerá un 1,7 % en 2023 y un 2,7 % en 2024, afirma la entidad multinacional. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada: los pronósticos se corregirán a la baja para el 95 % de las economías avanzadas y para casi el 70 % de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED).

Durante los próximos dos años, el ingreso per cápita de los MEED se ubicará, en promedio, en el 2,8 %, un punto porcentual inferior al promedio registrado en el período 2010-19. En África subsahariana —que representa alrededor del 60 % de las personas del mundo que se encuentran en la pobreza extrema—, se espera que el crecimiento del ingreso per cápita entre 2023 y 2024 sea, en promedio, de apenas el 1,2 %, una tasa que podría hacer que los niveles de pobreza aumenten, en lugar de disminuir.

“La crisis que enfrenta el desarrollo se está intensificando a medida que las perspectivas de crecimiento mundial se deterioran”, declaró David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Los países emergentes y en desarrollo se enfrentan a un período de varios años de crecimiento lento impulsado por una pesada carga de la deuda y escasas inversiones; al mismo tiempo, el capital mundial es absorbido por las economías avanzadas que enfrentan niveles de deuda pública extremadamente altos y tasas de interés crecientes. El bajo nivel de crecimiento y de inversión empresarial agravará los retrocesos en materia de educación, salud, pobreza e infraestructura, que ya son devastadores, así como las crecientes demandas derivadas del cambio climático”.

Se prevé que el crecimiento de las economías avanzadas se desacelerará del 2,5 % en 2022 al 0,5 % en 2023. En las últimas dos décadas, las desaceleraciones de esta magnitud han sido la antesala de una recesión mundial. En Estados Unidos, el crecimiento caerá al 0,5 % en 2023, 1,9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores y el desempeño más deficiente fuera de las recesiones oficiales desde 1970. En 2023, se espera la zona del euro no registre crecimiento, lo que representa una revisión a la baja de 1,9 puntos porcentuales. China crecerá un 4,3 %, es decir, 0,9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores.

Excluyendo a China, se prevé que el crecimiento de los MEED se desacelerará del 3,8 % en 2022 al 2,7 % en 2023, lo que refleja una demanda externa considerablemente menor, agravada por la elevada inflación, la depreciación monetaria, condiciones de financiamiento más restrictivas y otros factores adversos internos.

Para fines de 2024, los niveles del producto interno bruto (PIB) en las economías emergentes y en desarrollo serán aproximadamente un 6 % inferiores a los niveles previstos antes de la pandemia. Si bien se prevé que la inflación mundial se modere, se mantendrá por encima de los niveles prepandemia.

En el informe se presenta la primera evaluación integral de las perspectivas a mediano plazo para el crecimiento de la inversión en los MEED. Durante el período 2022-24, es probable que la inversión bruta en estas economías crezca alrededor de un 3,5 % en promedio, es decir, menos de la mitad de la tasa que prevaleció en las dos décadas anteriores. El informe ofrece a los encargados de la formulación de políticas una lista de opciones para acelerar el crecimiento de la inversión.

“La falta de inversiones genera gran preocupación porque está asociada con bajos niveles de productividad y de actividad comercial, y empeora las perspectivas económicas generales. Sin un crecimiento sólido y sostenido de las inversiones, es sencillamente imposible avanzar de manera significativa en la consecución de objetivos climáticos y de desarrollo más amplios”, manifestó Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. “Las políticas nacionales para impulsar el crecimiento de la inversión deben adaptarse a las circunstancias de cada país, pero siempre comienzan con la creación de marcos de política fiscal y monetaria sólidos y la introducción de reformas integrales destinadas a mejorar el clima para la inversión”. 

El informe también arroja luz sobre la difícil situación en la que se encuentran 37 pequeños estados, es decir, países con una población de 1,5 millones de personas o menos. Estos estados sufrieron una recesión más profunda como consecuencia de la COVID-19 y experimentaron un repunte mucho más débil que otras economías, en parte debido a las prolongadas perturbaciones que afectaron al turismo.

En 2020, la producción económica de los estados pequeños se redujo más del 11 %, lo que representa una disminución siete veces mayor que la observada en otras economías emergentes y en desarrollo. En el informe se concluye que los Estados pequeños a menudo experimentan pérdidas relacionadas con desastres que representan, en promedio, el 5 % del PIB al año, lo que genera graves obstáculos al desarrollo económico.

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