El presidente y gerente general de la minera Antamina (Áncash) dijo que las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien pidió que se investigue a la empresa pues debería conocerse a los accionistas dado que sospecha  que muchos de ellos podrían estar estar vinculados al grupo opositor que quiere vacar al presidente, son “un error de apreciación”.

“Considero que ha habido un error de apreciación”, dijo Gobitz en RPP. “Mi foco es dialogar y resolver el conflicto”. Gobitz Colchado, quien también es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, sostuvo que en Antamina “hay cuatro entidades jurídicas y son empresas mineras de talla mundial que invierten en múltiples jurisdicciones en el mundo y que tiene estándares de operaciones y de comportamiento corporativo muy alto”. Los accionistas de Antamina son grandes empresas del sector minero: la anglo-australiana BHP Billiton (33.75%), la suiza Glencore (33.75%), la canadiense Teck (22.5%) y la japonesa Mitsubishi (10%).

El ministro de Justicia Aníbal Torres indicó ayer que se debería conocer a cada uno de los accionistas de la minera Antamina, que ha suspendido sus operaciones porque no tienen “garantías” para seguir desarrollando sus actividades en la región de Áncash debido a un paro por parte de comuneros del distrito de Aquia y a violentas protestas en Huarmey. El ministro Torres sostiene que se debe conocer si los accionistas de la empresa están vinculados a grupos opositores al gobierno de Pedro Castillo. “Se debe conocer quiénes son los accionistas de esa empresa, no vaya a ser que ahí existan personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente”, indicó a Canal N. 

La compañía minera Antamina anunció durante la tarde de ayer domingo la suspensión de sus operaciones en Áncash. A través de un comunicado, indicaron que actualmente “no existen garantías” para que realicen sus operaciones, dada la medida de fuerza adoptada por los comuneros y solicitaron al Gobierno y sus autoridades que actúen para “restablecer el orden y las condiciones necesarias para volver a esa dinámica de diálogo y entendimiento que es la que siempre permitió el impulso de obras y proyectos para el desarrollo en Ancash durante los últimos 20 años”.

Víctor Gobitz explicó en RPP que el conflicto en Aquia se inició desde el cambio del presidente de la comunidad, que pretende desconocer los acuerdos firmados. “Antamina tiene un concentraducto que permite transportar los concentrados, el producto final, de 4.200 metros de altura hasta la costa. Para eso hay una infraestructura de 300 kilómetros que cruza un número importante de comunidades. En todas ellas se llegaron a acuerdos y se compraron terrenos y específicamente en Aquia que está ubicado a 60 kilómetros de las operaciones mineras, debajo en un sector es una población de 1.200 personas”.

El proceso de producción en Antamina inicia con la extracción del mineral, y acaba en el traslado del mineral desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, para su embarque en Huarmey, a través del mineroducto que recorre 304 km llevando el concentrado del mineral en forma de “pulpa”, donde el 40% es agua que se reutiliza.Para trasladar sus minerales, Antamina utiliza un mineroducto. El mineroducto atraviesa 29 comunidades distintas, una de ellas es Aquia. Los comuneros afirman que la minera ha “usurpado” sus terrenos. Antamina refiere que ese tramo del mineroducto se construyó debajo de una carretera que la misma empresa edificó.

La minera ha explicado que la carretera que lleva hacia Antamina es una vía pública nacional. La empresa la construyó hace más de 20 años, la entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, actualmente, realiza el mantenimiento rutinario sin generar ningún costo financiero al Estado. “Los terrenos sobre los que se construyó la carretera fueron comprados, entre otros, a la comunidad de Aquia. Todo está registrado legalmente”, sostuvo Antamina en un comunicado anterior. También afirman que los predios por los que pasa el mineroducto cuentan con los permisos y la documentación exigidos por las leyes y el Estado peruano.