A tres proyectos de alta tensión, que suman una inversión de US$ 600 millones, se les exige consulta previa pese a que ya están construidos. Estos tres grandes proyectos de transmisión en alta tensión dados en concesión por ProInversión años atrás enfrentan retrasos debido a trabas que surgen del propio Gobierno, en vista de que los ofrecimientos de solución por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta ahora no se concretan, las empresas a cargo de los proyectos evalúan que el problema se resuelva en tribunales internacionales, indicó al medio Gestión Carlos Mario Caro, presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El caso involucra a tres obras de líneas de transmisión: el proyecto Mantaro-Nueva Yanango-Huánuco, de 550 kilovoltios; el proyecto Yana-Coya, que conecta a tres centrales hidroeléctricas, ambas del Consorcio Transmantaro; y el proyecto Tintaya-Azángaro, de la empresa Transmisión Eléctrica del Sur 4 S.A.C.

En este último caso, el proyecto ya está concluido y con retraso en su inicio, pues está a la espera de ponerse en operación comercial desde julio último. En cuanto a los otros dos (adjudicados en el 2018) tienen avances de obras por encima del 90%, refirió Caro. En conjunto, esas iniciativas suman inversiones por más de US$ 600 millones.

El problema surgió, según explicó Mario Caro, porque el Minem decidió este año que se apliquen procesos de consulta previa a proyectos de transmisión eléctrica que ya están en construcción, cuando lo lógico es que, como su nombre lo indica, ese trámite se tendría que aplicar en forma previa al inicio de estos proyectos.

El presidente del comité eléctrico de la SNMPE aseguró que desde hace varias semanas, al consultar al Minem sobre cómo se va a resolver el mencionado problema, reciben continuos ofrecimientos para emitir una resolución que exceptúe a esos tres proyectos de realizar la consulta previa. Pero en vista de que hasta ahora no se emite la resolución que establezca tal excepción, es que las empresas afectadas están evaluando el plantear demandas contra el Estado y acudir a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El argumento, según indicó Caro, es que jurídicamente no podría aplicarse la consulta previa, ya que las líneas de transmisión estaban en construcción (al momento que se dio esa nueva disposición) y, por tanto, dicho procedimiento se tendría que aplicar para futuros proyectos.

El viceministro de Electricidad, José Martín Dávila, afirmó que la consulta previa es un problema que ha surgido porque el Poder Judicial obliga a que se tenga que seguir dicho procedimiento en proyectos que se han ejecutado o que se están ejecutando en zonas donde haya comunidades nativas e indígenas. Durante su exposición en el evento de Perú Energía, Dávila reconoció que ese trámite constituye un problema para tres proyectos (antes mencionados) que están a puertas de operar.