Para el gremio minero energético más influyente del país, la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la decisión del Gobierno de derogar los decretos supremos que autorizaban la  firma de cinco contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país con al empresa Tullow Oil “es una  medida que genera incertidumbre entre los inversionistas, en circunstancias que se necesita asegurar la sostenibilidad y competitividad de esta actividad económica”.

La SNMPE señala que “el Perú debe alentar nuevas inversiones en la industria hidrocarburífera a fin de revertir cuanto antes la profunda crisis que viene golpeando el sector en perjuicio del país”. El gremio, en un comunicado hecho llegar a las redacciones, lamenta la decisión del Gobierno “más aún cuando la causal invocada son actos de exclusiva responsabilidad y competencia de la empresa estatal PeruPetro SA”.

SNMPE: Gobierno debe fortalecer su liderazgo como promotor de la inversión del sector hidrocarburos. Nota de prensa: https://t.co/PQYadPRZWO

— SNMPE Perú (@snmpeperu) 23 de mayo de 2018

El Perú consume 250,000 barriles diarios de combustibles, y produce únicamente 44,000 barriles de petróleo. “Esta diferencia nos obliga a importar hidrocarburos en el orden de US$5,000 millones”, explica el gremio, y por tanto, profundiza, “es imperativo promover nuestra industria, particularmente en nuevas fronteras como las aguas profundas de nuestras costas”.

La producción y reservas de petróleo en el país han caído 35% y 31% respectivamente, en tanto que la inversión en exploración no llega al 2% de los máximos alcanzados en el 2012. 

La SNMPE resalto que la exploración y explotación petrolera en aguas profundas alejadas de la línea costera no genera efectos ambientales adversos y menos resulta incompatible con la pesca artesanal. Asimismo, precisó que “las inversiones en el sector se realizan en estricto apego a los más altos estándares ambientales que nuestra propia normativa exige, incluyendo la presentación y aprobación de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental previamente a cualquier actividad, y la fiscalización posterior a cargo del Estado”.