Miguel Incháustegui Zevallos es el nuevo ministro de Energía y Minas; reemplaza en el cargo a Rafael Belaunde, y su primera tarea será tender puentes entre los ciudadanos de Espinar y la empresa minera Antapaccay.  El nuevo ministro del Minem conoce la gestión pública: ocupó el cargo de viceministro de Minas de mayo del 2018 hasta abril del 2019.  Es abogado de profesión por la Universidad de Lima, con una conocida trayectoria en el sector extractivo, a la cabeza de asuntos corporativos ligados al desarrollo sostenible, y antes nos concedió una entrevista. Es un creyente del “valor compartido”: si no le sirve a la comunidad, no le sirve a la empresa. Una de sus declaraciones resume su forma de pensar: “Si el proyecto tiene éxito y los pueblos alrededor no, entonces habrá conflicto”. de modo que la única manera, a su entender, de que la industria minera avance en el país es si lo hace acompañada del desarrollo de los pueblos circundantes. La carrera de Incháustegui comenzó en el área legal para pasar luego al misterioso terreno del “valor compartido” y la gestión social. Se desempeñó, entre el 2000 y el 2004, en la minera Volcan, como jefe del departamento Legal. Seguidamente, ocupó el puesto de gerente de Relaciones Institucionales y Legales en la compañía sudafricana Gold Fields, entre el 2004 y el 2009.  Además, mejoró la reputación de la empresa frente a la población local. Este ha sido uno de sus logros más recientes en el sector privado.En el público impulsó el desarrollo de un documento Visión de la minería al 2030, que es un anhelo compartido de la sociedad, las empresas y el Estado. Pero más importante que saber quién es Miguel Incháustegui es conocer en qué cree el ex viceministro de Minas. Esta entrevista nos la concedió en agosto del año pasado y se la compartimos.

¿Qué es el valor compartido?

Si la actividad no genera un bienestar a tu alrededor, entonces habrá un conflicto social en el futuro, y está bien que sea así. Esa es la tendencia en todo el mundo. Cualquier actividad tiene que generar una mejora del entorno, y allí surge el concepto de valor compartido, que es al final cuando todos ganan porque las necesidades de los alrededores se cubren y a la vez se genera un valor para la empresa que trabaja en la zona.

Comunicar claramente y con persuasión, desarmar conflictos y construir lazos personales fuertes. ¿Lo hacemos en la industria?

Se hace actualmente pero debería hacerse mejor. El año pasado se constituyó un espacio “la visión de la minería al 2030”, y este documento es para el mediano y largo plazo, pero para el corto, lo que se creó en el Mimen son comités de gestión de la información. La idea era básicamente tener presencia en la zona antes de que germinaran los conflictos sociales; informar con certeza y coadyuvar a que no haya discordancias y malos entendidos. Uno se instaló en Moquegua, en donde hubo mucha expectativa cuando empezó la construcción del proyecto de cobre Quellaveco, en cuanto a puestos de trabajo y oportunidades para los empresarios locales.

Este comité que pongo como ejemplo, desde noviembre del año pasado coordina con el Ministerio de Trabajo para que informe oportunamente  a la población sobre los requisitos y oportunidades que hay de integrarse a Quellaveco, y las posibilidades de que los empresarios locales ganen contratos. Eso en cuanto al corto plazo.

Ahora uno diría por qué no se ha hecho algo similar en Cajamarca o en alguna otra región como Arequipa para darle impulso a Tía María, y creo que allí ha habido una situación del día a día que le ha ganado al Gobierno, y también siento que las empresas en general deben ser más proactivas y entender que el Gobierno nunca podrá estar presente en todos los lugares necesarios al mismo tiempo. Claro, si el Gobierno no puede estar, debemos traerlo y apoyar para que esté.

Usted ha estado tanto en el lado privado como en el público, en los dos lados de la moneda, ¿era de los que anunciaba que los trámites eran mucho? ¿Ha cambiado su perspectiva con respecto a estos hechos ahora que ha conocido profundamente al sector público?

Una de las razones por las cuales acepté trabajar en el sector público fue porque siempre he sido un creyente de que los problemas se deben resolver entre todos. Cuando fui parte del privado, visitaba el público para plantear alternativas y soluciones, y ahora que he sido parte de un Gobierno y he ocupado un cargo importante en el Minem me he dado cuenta de que muy pocas hacen eso, ofrecen soluciones. Siento que hay esfuerzos de diversos actores por encontrar salida armoniosa a los problemas, pero el día a día y la urgencia de que se mejoren los procedimientos ocasiona que se pierda la paciencia en ambos lados y empiecen los reclamos. Con todo, también he visto empresas que no se quejan mucho pero son conscientes de que se debe mejorar en muchos aspectos y procedimientos, y llegan hasta el Minem y proponen cambios. Se trata de trabajar entre todos, y no solo pedir y pedir sino también proponer.

Sus predecesores en el cargo solían decir que se necesitaban leyes más modernas. Ahora el presidente Vizcarra acaba de decir que se trabajará en una nueva Ley de Minería. ¿De verdad las necesitamos?

Las leyes deben atender una situación y resolverla, lo que sucede es que el mundo cambia, el comercio global cambia y ahora hay muchas cosas más que incluir. Existen nuevas tecnologías que han adoptado diversas industrias y se viene con fuerza la inteligencia artificial, y las normas se deben ir adecuando y la aplicación de las normas ambientales debe mejorar.

No hablamos de debilitar el rigor de los controles ambientales sino que sirvan y al mismo tiempo no le resten competitividad al país. Es fácil decirlo pero lo difícil es ejecutar un plan en esa dirección. Durante mi tiempo en el cargo, debo confesar que he hecho esfuerzos por continuar con los avances de anteriores gestiones. Un ejemplo poco difundido es que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) trabaja con el Minem en la búsqueda e implantación de mejoras; su objetivo es lograr que los procesos en el Minem sean más eficientes cada vez. Los avances siempre han estado enfocados en ganar competitividad frente a otros países.

¿Y estamos perdiendo competitividad o ganándola? Hay menos inversión en exploración, por ejemplo.

No necesariamente, ha habido un bajón en estos últimos meses explicado por el contexto interno pero más aún el externo, pero el año pasado llegamos a tener casi el 8% del presupuesto mundial en exploración. Obviamente este año se ha reducido y, repito, por la coyuntura global (guerra comercial EEUU-China y demás), pero frente al Instituto Fraser hemos mejorado nuestro puntaje como centro idóneo para inversiones mineras. Pero claro, veremos cómo culminamos el año en materia de exploración con todos estos nuevos sucesos.

Sin embargo, Quellaveco cristalizó durante su gestión.

Bueno, era una decisión netamente de la empresa y ya se veía venir. La verdad desde que se tuvo una mesa de diálogo, en Moquegua, en el 2012, solo nos preguntábamos en qué momento saldría el proyecto.

Pero Anglo American tuvo que buscar un socio para decidir finalmente hacer la millonaria inversión. ¿No quiere decir eso que Perú, para los inversionistas, sigue siendo un riesgo?

Creo que el Perú efectivamente tiene riesgos como plaza de inversión, pero también tiene ventajas. Una de las más importantes son los yacimientos metálicos que se hallan en el país y la ley de cabeza de estos. Otro aspecto atractivo es el costo de la energía eléctrica. El gran asunto que pone descontentos a los inversionistas es la cantidad enorme de trámites que deben gestionarse y cumplirse, y los frecuentes conflictos sociales. Pero le recuerdo que año a año el Instituto Fraser evalúa todas estas variables y saca un promedio general, y el Perú ocupa actualmente un lugar de relevancia. Perú, según esta clasificación, ocupa el puesto 14° como plaza de inversión minera en el mundo. Pero obviamente debemos mejorar ese cariz negativo. Con todo, con el nivel de impuestos que se tienen para el sector, estamos casi casi al borde de dejar de ser competitivos.

Durante su gestión se resolvieron las 14 observaciones al EIA de Tía María…

Bueno, así es, durante mi gestión hubo aquello y en noviembre del año pasado la empresa presentó la subsanación a estas observaciones, y la Dirección General de Minería las evaluó luego.

Diversos críticos se preguntan por qué no se entregó la licencia de construcción a Southern en ese entonces dado que ya había cumplido con todos los requisitos de la ley, antes de que cambien las autoridades.

Se trata de un proceso técnico, que la Dirección General de Minería evaluó en su momento. Aclaro que no es algo que el Gobierno haya podido decidir en ese entonces y otorgamos la licencia de inmediato. Debimos esperar los tiempos de los servicios técnicos.

¿Cree usted que el Gobierno ha tomado la mejor decisión al otorgar la licencia a Tía María semanas antes de que culminara la vigencia de su EIA?

No ha sido un buen o mal momento, sino un tiempo en el que ha concluido la evaluación técnica.  Y desde mi punto de vista lo que se hace ahora con respecto a este plan minero de cobre es la mejor opción. Hablo de que la concesión de beneficio es un asunto netamente técnico, y culminada esta evaluación, y superada, se ha otorgado la licencia a Southern.

Con todo, y conociendo de antemano la atmósfera social en la provincia de Islay y asumiendo que ni el Perú ni en ninguna parte del mundo se puede construir un proyecto al que se opone la población, es que el Gobierno le pidió a la empresa que no solo se comprometa a no iniciar la construcción de Tía María hasta que el ambiente mejore, sino que se comience un trabajo en conjunto entre la empresa y el Gobierno para indicar qué se puede mejorar en la provincia y cómo. En suma, alternativas para mejorar la calidad de vida; el asunto del agua es sustancialmente importante. Se trata de represas y de sistemas de agua y saneamiento. Ya se han avanzado los estudios. Otro gran flanco es el de informar con transparencia. Southern deberá hacer una amplia labor de comunicación para despejar las inquietudes de la población. Lamentablemente he leído muchas afirmaciones producto de la desinformación.

¿Le parece colosal la cantidad de desinformación que circula por redes?

No sé si colosal, lo que sucede es que el EIA ya tiene casi cinco años, pero recordemos que en el 2010, cuando se presentó el primer EIA hubo un problema serio; la población estaba preocupada porque usarían el agua subterránea. La empresa, en ese momento, no supo comunicar bien. Luego en su segundo EIA señala que usará agua del mar, pero sí, creo que se debe informar más y mejor. Ahora bien, existe mucha desinformación pero también información que la misma población se niega a recibir.

Raúl Jacob, como especie de autocrítica con respecto al caso Tía María, sostuvo que han pasado de una visión filantrópica a una enfocada en el valor compartido. Esto lo afirmó en un desayuno. ¿Jugó algún papel el Gobierno en este cambio de perspectiva de la empresa en cuanto a la gestión social?

No he conversado mucho con el señor Raúl Jacob, pero es una feliz coincidencia de que él crea en el concepto de valor compartido. La situación con relación a Tía María los ha hecho reflexionar; han propuesto desde ya algunas obras por impuestos, y si mencionan el concepto de valor compartido es justamente porque buscan formas de resolver necesidades (que no es filantropía) y que al hallar la opción esta genere un valor para la empresa. Es importante señalar que esto debe hacerse en coordinación con los diversos estratos del Gobierno y con otras compañías cercanas.

Pero ese es también otra crítica: los gobiernos locales, regionales y nacional suelen estar muy ausentes.

Pero eso es lo que busca el Ejecutivo, concatenar esfuerzos a través del diálogo.

¿Se puede en serio dialogar con alguien que no está dispuesto a reconocer que se equivoca?

No, definitivamente para dialogar es necesaria la capacidad de escuchar e intentar dejar a un lado los prejuicios, y no poner condiciones. Tengo la esperanza de que las declaraciones de las autoridades regionales son producto de que sienten que el Gobierno o la empresa quieren imponer un proyecto a toda costa. Pero el mensaje de estos últimos ha sido de calma y de reflexión, y quizá haya un cambio de actitud. Si no la hay, entonces será penoso. Intento entenderlos. Piensan que la mina contaminará el entorno, les quitará el agua y no dará ninguna oportunidad de desarrollo. Pero el Gobierno garantiza que la empresa cumplirá con todas las normas ambientales y todo lo que indica el EIA (agua de mar y demás). Pero sospecho que la población no cree en el Gobierno. No confía en el Gobierno, tampoco en la empresa, de modo que no queda otro camino que trabajar para recuperar la confianza perdida en las instituciones y la compañía.

¿Cree que son altas las probabilidades de que Tía María se convierta en un nuevo Conga?

Creo que dependerá mucho de lo que la empresa y el Gobierno, y las autoridades locales, ponen de su parte. Pero sí, si no hay buena fe en el diálogo, lo más probable es que el proyecto no avance.

¿Un referéndum es la alternativa?

No es viable en este momento, han habido casos anteriores de consultas populares pero estas son a veces sesgadas y la gente no suele contar con toda la información. Además no está establecido en las normas. Creo que debemos absolver las preocupaciones, y acaso al intentar esclarecer las dudas se pueda mejorar el proyecto Tía María. Recuerde que todo proyecto minero es un diseño, si es que hay que mejorar algo. Pero no va por el referéndum la solución. Los recursos naturales no son solo de una provincia, son de todos los peruanos, de todo el Perú, y no creo que sea conveniente hacer la consulta solo en una región o una provincia. Quizá debamos evaluar más esta opción, pero mi primera alternativa es justamente la del Gobierno: sentarnos todos y esclarecer todas las dudas. Las poblaciones lejanas, lamentablemente, creen que el Estado representa al capital y las empresas, y no a la población, y este razonamiento es consecuencia de la ausencia del Estado. Pero el Estado somos todos.

Señor Incháustegui, es indudable que la minería genera riqueza pero ¿dónde se atasca esta?

Déjeme decirle que esto está pasando en todo el mundo. Las actividades extractivas en todos los países sin excepción generan recursos, pero estos, en donde hay elevada corrupción, ni siquiera llegan a las regiones. Pero sí, el gran desafío es cristalizar la idea de que los recursos naturales son el gran aliado del desarrollo del país, con prioridad en las regiones en donde está el recurso. Muchas regiones o no usan correctamente los ingresos por canon y regalías o simplemente no los usan. Más que aumentar los impuestos, el asunto pasa por utilizar adecuadamente los recursos. Y volvemos al concepto de valor compartido. El Gobierno, junto con el MEF, asesoran a las regiones para que hagan un uso adecuado de su dinero. Pero creo que el sector privado también podría hacer su parte, y ayudar con más asistencia técnica.

Usted no lo quiere decir, pero los grandes problemas son la corrupción y la mala gestión de los recursos.

Pues sí, el gran tema es también la corrupción. Tanto a escala nacional como regional. Muchas autoridades son elegidas pero no miran el desarrollo de su localidad sino proyectos que los benefician solo a ellos. Sé de casos en los que las empresas se acercan para dar su apoyo y los gobiernos regionales solo piensan en sus asuntos. Es necesario un mayor control y una más amplia supervisión a todo nivel.

En estos momentos se han dispersado por redes sociales mensajes como “mina no, canon sí”. ¿Cómo es posible eso?

Igual sucedió en Cajamarca. La gente quiere más recursos pero quiere al mismo tiempo una minería diferente. La minería formal, la grande, ya es diferente, pero estas personas se dejan llevar por las situaciones actuales. Pero regiones en las que hay más de veinte años de minería moderna, protestan porque el uso del canon no ha sido el adecuado. Entonces sienten que la minería es innecesaria dado que los recursos no se plasman en desarrollo ni resuelven necesidades.  Repito que ese es el gran desafío, el de construir una visión de la minería nacional y ahora se debe trabajar a nivel regional. Recuerde que muchos temores y quejas de las poblaciones son válidos, y lo son porque la minería genera ingresos pero estos no llegan, y si llegan, lo hacen tarde o en proyectos inútiles e insostenibles: monumentos al sombrero, piscinas gigantes sin agua.

¿Cuál es la visión de Perú al 2030?

Es un ideal, es un sueño pero los sueños, cuando se trabaja por ellos, se hacen realidad. Queremos una minería sostenible, ambientalmente correcta y un aliado del desarrollo para el 2030. ¿Qué hacer para llegar a que la industria se vista como tal? La idea es seguir trabajando en la construcción de esta visión. Representantes de la sociedad civil, del sector privado y público nos reunimos para soñar. Y ahora espero que se haga también a escala regional. Podría comenzar en Moquegua. Mire, la minería es una palanca de desarrollo y genera puestos de empleo directos y muchos más indirectos. Pero déjeme decirle que otro gran desafío es la generación de clústeres mineros. Chile, Canadá y Australia los tienen. Los clústeres generan en estos países, al menos en Australia, ingresos mayores a los cosechados por la misma industria minera.

Cuando se dice que el Perú es un país minero, entiendo que es porque aún la actividad en el país es reciente y hay muchos metales por explotar, pero el país es más diverso. Otras actividades que se pueden desarrollar, y la estrategia pasa por utilizar la minería para diversificar la producción. La minería y la agricultura pueden convivir sin problemas; hay muchos ejemplos en el Perú y en el mundo. El Perú es un país bendecido porque hay minería, pero esta debe generar saltos positivos.