Han pasado exactamente tres meses desde que pobladores de Saqui Totora, un pueblo del distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno, se apoderaron de la mina formal Argos. Al conflicto se le buscó una solución en dos mesas de trabajo el 13 y 25 de enero de 2021 en Juliaca y Huancané, respectivamente. Los representantes de Argos y la comunidad se sentaron sin llegar a soluciones.

¿Pero qué desencadenó el desacuerdo y la posterior toma, por la fuerza, de la concesión minera? El 21 noviembre de 2021, un sector de comuneros echó a los trabajadores de la minera Argos. Esta empresa hace pequeña minería, tiene una concesión otorgada por el Estado peruano para explorar reservas de oro en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, límite con la comunidad en cuestión. Ese día, a las 14:15 horas, sitiaron el campamento. “Los vamos a quemar si no se retiran”, amenazaron.

El jefe de Relaciones Comunitarias, Richard Taype Gomes, pidió que se calmaran. Les dijo que los obreros tenían familiares. Ante la amenaza de ser ajusticiados, 96 trabajadores de Argos abandonaron la concesión. Después el campamento fue quemado. Estos detalles figuran en una denuncia de parte que formuló la empresa contra los dirigentes en el Ministerio Público de Puno, y que cita el diario La República.

En la versión de la comunidad, el conflicto se desató por incumplimientos de compromisos de la minera. Pero en el fondo es una disputa de una empresa formal e informales por el oro. Argos se instaló en la zona desde junio 2018. A cambio, la minera aceptó construir una posta médica, dotar de internet al pueblo, construir un local comunal, entre otras demandas. Hay un documento notarial al respecto. La República ha podido confirmar que los comuneros han sacado a la mina formal para operar informalmente y extraer oro.

El 1 de diciembre de 2021, la fiscal de Sandia, Aydee Quiñones Galindo, se trasladó a la zona. Constató el bloqueo de cinco kilómetros de carretera y la quema del campamento. La maquinaria pesada también sufrió las consecuencias del fuego. 

La Dirección Regional Minas de Puno advirtió que los dirigentes comenzaron a explotar el oro. La información fue confirmada por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en Puno. Esta instancia del Ministerio del Interior informó que incluso en las labores estarían trabajando menores de edad. 

“Lo que ellos quieren es el oro. No hay intención de solucionar. El interés es la concesión”, aseguró el director regional de Energía y Minas, Dante Salas Ávila, a La República.

En representación de Saqui Totora, siempre según el citado medio, que ha publicado la noticia, habló Jhonny Fritz Garces, asesor legal de los comuneros. Este insistió que la empresa no cumplió con sus compromisos. Por su parte, el vocero oficial de Argos, Luis Enrique Aguado Muñoz, aseguró que sí se cumplió con los acuerdos y desarrollaron labores sociales. Indicó que la posta de salud no se edificó aún porque los beneficiarios no cumplieron con entregar el terreno para su edificación. Respecto al local comunal, hay un problema logístico. Los comuneros son proveedores. Estos no cumplieron con venderles a tiempo a la mina los materiales de construcción. 

Indicó además que sí cumplieron con instalar internet y mejoraron caminos. Finalmente precisó que están dispuestos al diálogo. A pesar de todo, les quitaron la concesión minera.

*La foto pertenece al diario La República.