Por Manuel Marticorena 

El proyecto minero Dominga, en Chile, podría marca un antes y un después para la industria en general. Dominga ha originado una de las mayores contradicciones jurídicas y hasta ideológicas. Ha sido el némesis minero del Gobierno de Michelle Bachelet y es hoy una piedra en el zapato para Sebastián Piñera. Dominga implica una inversión de US$2,500 millones, monto que podría esfumarse si el Tribunal Ambiental chileno decide detener definitivamente el proyecto.  El fallo se conocerá en las próximas horas. No obstante, las crispaciones revolotean en el aire. ONG ambientalistas, refiere el diario El Mercurio de Antofagasta, anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema en el caso de que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta ordene retroceder su trámite ambiental. Así lo confirmó la abogada de Oceana, Javiera Calisto, y Nancy Duman, de la ONG Sphenisco.

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto que se ubica en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo (norte de Chile), próxima a una zona que se caracteriza por su alta biodiversidad y en una región históricamente vinculada a la actividad minera. Dominga ha sido descrito por su propietaria, la empresa Andes Iron, como el “mejor proyecto del mundo” por el cuidado que se ha puesto en reducir su impacto en el entorno.

Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto. La inversión es de US$2.500 millones y su vida útil es de 26 años. Solo en su construcción el proyecto crearía alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos y 1.450 en operación. Su estudio de factibilidad técnico-económico, completado en abril del 2016, indica que por las características del yacimiento,  se producirá un concentrado de hierro premium a bajo costo.

Sin embargo, la preocupación que ha ocasionado el proyecto circunda en un eventual impacto a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ubicada en Punta Choros (en la misma comuna), la cual es un centro turístico privilegiado para poder observar animales en su hábitat natural (ballenas, delfines, nutrias marinas, lobos y yuncos, entre otras especies). Se considera que esta reserva acoge el 80% de los pingüinos de Humboldt de todo el planeta.

Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.

En opinión de los detractores del proyecto, la minera, que se ubicaría a 30 kilómetros de la reserva, podría acabar con la vida de los animales protegidos, dañar irreparablemente la biodiversidad  y afectar directamente la labor de la pesca artesanal en esa zona, razón por la que los pescadores han pedido al Gobierno chileno poner fin al proyecto.

Andes Iron ha indicado que tomará medidas de mitigación que no tendrán incidencia alguna en la zona en mención, pues las emisiones de material particulado estarán bajo los límites que protegen la salud de las personas y especies vivas.

Como medidas de abatimiento de polvo, desde la etapa de diseño del proyecto, se consideraron el cierre de las correas desde el chancador primario hasta la planta de procesos; la construcción de un domo sobre la pila de acopio que se ubicará en la planta y un sistema de supresión de polvo para los caminos internos.

En el terminal de embarque, el acopio del concentrado de hierro estará aislado con pantallas eólicas que reducen significativamente el efecto del viento sobre el material almacenado y, además, se humectará en superficie para evitar su dispersión.

Su propuesta social reconoce que todos los habitantes de la comuna de La Higuera tienen derecho a recibir parte de los beneficios de la explotación del mineral y que estos recursos deben generar «valor compartido». Es decir, que permitan financiar proyectos que beneficien a la comunidad. Para sellar este pacto, en octubre del 2016 la comunidad de La Higuera junto a Andes Iron firmaron un acuerdo marco, donde se reconocieron como socios. Pero no solo eso, la empresa ha propuesto desalinizar agua en su proceso productivo, para evitar usar agua subterránea de la zona.

Sin embargo, todas estas medidas no bastaron para conseguir la confianza de los activistas ambientales, que presionaron al Gobierno para que le niegue la posibilidad de desarrollo del proyecto, teniendo prácticamente como vocero al exministro chileno del Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien precisamente encabezó un Comité de Ministros que decidiría la suerte del proyecto, integrado, entre otros tres,  por los ministros de Economía y Hacienda. El 21 de agosto pasado,  este comité rechazó el proyecto minero. 

«A juicio del voto de la mayoría del Comité el proyecto minero – portuario Dominga presenta deficiente información de línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación, por lo que estimamos que no se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medio ambiente y la salud de las personas … Como ministro de Medio Ambiente creo firmemente en el desarrollo que se tiene que llevar a cabo pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental, ni causar riesgo a la salud de las personas, más aún en zonas de valores ecológicos únicos en el mundo»,  explicó Mena.

Al exministro chileno de Hacienda, Rodrigo Valdés, no le gustaron las expresiones de Mena, al punto que criticó en los medios el rechazo del proyecto. “Yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y les cuesta a veces tener una compatibilización de eso con otros objetivos, que son importantes también”, expresó ante los micrófonos de la prensa.

Tres  días después, en un evento que contaba con la presencia de ambos ministros, la entonces presidenta chilena Bachelet le jaló la alfombra a Valdés públicamente al sostener que “hay gente que cree que si uno se preocupa por el medio ambiente la economía no va a poder seguir creciendo. Y sí puede, solo hay que ponerse otros anteojos. Es decir, miremos esto de otra manera y cómo puede ser una oportunidad”, y reiteró esta opinión en su cuenta de Twitter personal: “Chile necesita que el desarrollo vaya de la mano con el cuidado del medioambiente”.

Ante esto, el ministro Valdés presentó su carta renuncia, siendo respaldado por el entonces ministro de Economía, Felipe Céspedes, quien también dio un portazo y se retiró del Gobierno.

Sebastián Piñera, el presidente chileno en ejercicio, ha dicho que el Gobierno de su predecesora ha actuado de una forma errática en este proceso. Incluso acusó al ministro de Medio Ambiente  Mena de actuar de un modo poco transparente, por el hecho de haberse negado a aplazar la votación tras el pedido del ministro de Economía. “Cuando él pidió postergar la reunión le fue negado. Él dijo que no estaba preparado, que no había tenido el tiempo para estudiar y tomar una decisión seria y responsable”, sostuvo. Piñera además ha manifestado que “Chile tiene que compatibilizar el necesario desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Para eso necesitamos actuar de forma seria, responsable y no en la forma errática del actual Gobierno”.

 Los activistas acusan a Piñera de haber formado parte de un fondo de inversiones en la etapa inicial de formación de Andes Iron, por lo que debería inhibirse de opinar.

El presidente ejecutivo de Andes Iron,  Iván Garrido, ha comentado que la decisión del Comité de Ministros ha «causado un daño a la democracia» al «mandar a los emprendedores» una señal concreta de que las «reglas del juego no son claras y que por lo tanto lo que prima es la política pequeña». «El Estudio de Impacto Ambiental de Dominga tuvo una tramitación de 3 años y medio, con profundos estudios técnicos y científicos, y con una inversión de más de US$300 millones», dijo.

La compañía ha recurrido al Tribunal Ambiental de Antofagasta con el objetivo de revertir la decisión tomada por el Comité de Ministros. “Nosotros estamos convencidos que el Tribunal Ambiental va a revertir (la decisión) de la siguiente manera, es decir, va a declarar ilegal lo que ocurrió en el Comité de Ministros y lo que ocurrió en la Comisión Regional, y, por lo tanto, va a solicitar -en nuestra opinión- que se reinicie el proyecto Dominga”, afirma.

El ejecutivo considera que Dominga ha sido rechazada por razones netamente políticas y no técnicas. En ese sentido, insiste que el proyecto “no está muerto”.  En todo caso, la decisión de su reactivación la tendrá el próximo Gobierno.