Bloomberg.- Un proyecto de ley que crearía la mayor carga fiscal entre las principales naciones productoras de cobre fue aprobado por un comité de minería del Senado chileno el martes. La propuesta de regalías fue aprobada por tres votos contra dos y ahora pasa al pleno del Senado para su debate, con modificaciones que probablemente se presenten en un intento por suavizar una versión aprobada en la Cámara Baja en mayo.

Chile, al igual que otros países anfitriones, busca una mayor participación en las ganancias mineras para ayudar a resolver las desigualdades exacerbadas por la pandemia. Al mismo tiempo, el país está redactando una nueva constitución que puede conducir a normas más estrictas sobre los derechos de agua, minerales y comunidades antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

La industria advirtió que el proyecto de ley tal como está, con tramos de impuestos sobre las ventas que aumentan a medida que aumentan los precios del cobre, descarrilaría las inversiones y socavaría la competitividad en una nación que representa más de una cuarta parte del cobre mundial. En junio, la coalición gobernante de centro derecha dijo que confiaba en moderar el proyecto de ley respaldado por la oposición.

“Como siempre, la derecha votó en contra, buscando bloquear una mayor contribución de la minería a un nuevo modelo de sociedad”, escribió en su cuenta de Twitter la miembro del comité y candidata presidencial Yasna Provoste.

Si bien los defensores del nuevo sistema de regalías dicen que reemplazaría los impuestos actuales sobre las ganancias, eso no está escrito en el proyecto de ley, lo que lleva a los funcionarios del gobierno a sugerir que los dos sistemas podrían funcionar juntos. El grueso de las grandes empresas mineras en Chile tiene acuerdos de estabilidad fiscal hasta 2023.

El mismo día que el comité aprobó el proyecto de ley, el gobierno chileno dio a conocer una hoja de ruta para el sector durante las próximas tres décadas. Los objetivos incluyen aumentar la producción de cobre en un 57% mientras se maximizan los beneficios sociales a través de impuestos «justos y competitivos».