La historia comenzó el martes: Angélica García Arrieta, senadora del partido mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó el pasado 20 de noviembre una propuesta de ley para obligar al Gobierno a contar con el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras. El plan de Morena también incluye la posible cancelación de las concesiones si las empresas no presentan un informe anual sobre el impacto social de los proyectos.

La idea golpeó a las mineras en el mercado bursátil del país norteamericano ayer jueves. Los papeles de Grupo México, matriz de Southern Copper, cayeron poco más de 6% y la misma tendencia a la baja siguieron los títulos valores de Los Peñoles, otra minera importante en México pues opera a la mayor productora de plata refinada del mundo Fresnillo.

Tras conocerse la intención de la senadora de Morena, el banco de inversión Morgan Stanley bajó su recomendación y precio objetivo para las acciones de Grupo México y de Peñoles.

Las reacciones han sido diversas y también la polarización en la sociedad mexicana. Desde los círculos empresariales, creen que la propuesta equivale a disparar al pie de la inversión en México.  “A pesar de que es sólo una iniciativa, de corto plazo el impacto que podría tener en las empresas mineras en México (no sólo las que cotizan en Bolsa) podría ser el de incrementar la incertidumbre en las concesiones y en las inversiones de los siguientes años”, comenta Fernando Bolaños, analista de Monex.

“La incertidumbre generada por un posible cambio al marco regulatorio de la minería podría tener un impacto importante en su desempeño, por lo que el mercado valoró a la baja a las empresas asociadas a este sector”, detalló Citibanamex.

La Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a 93% de las empresas mineras mexicanas, señalò que ha estado en contacto con los funcionarios de la administración entrante de López Obrador. “Les hemos externado que nos preocupa que haya situaciones que tengan como sustento criterios erróneos y partan de supuestos que en algunos casos están alejados de la realidad”, indica la Cámara.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicano, sostuvo que “hay una alta preocupación por una iniciativa que no responde a la realidad y que tiene que ser revisada y estudiada, y en un parlamento abierto escuchar a las partes de tal forma que puedan tener el análisis del sector privado”.

Entretanto, la organización no gubernamental Poder, que ha trabajado con comunidades afectadas por la minería, como en el caso del derrame de Río Sonora, aplaude la iniciativa, destacando que el Estado asume su papel como protector de los derechos humanos y reconoce que las autoridades deben realizar estudios de impacto social.