En su primer Semáforo Minero como presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Luis Rivera escribió que el Perú es una de las “más importantes plazas mineras en el mundo” como consecuencia de la alta producción de sus operaciones mineras y la estabilidad macroeconómica y legal. Esto último, en palabras del también vicepresidente de Gold Fields, debido al “volumen de sus reservas y la sostenibilidad de sus políticas económicas y jurídicas”.

Luis Rivera sostiene que es tarea tanto del sector privado como del Gobierno “apuntalar el avance de estos dos últimos años, generado por el nuevo boom de los precios de los metales”. El afianzamiento de las “estrategias para consolidar las operaciones existentes y encaminar los proyectos en cartera”, conjetura Rivera, pasa por lograr que el Estado y las compañías mineras trabajen a alimón.

“Ello permitirá seguir incrementando las inversiones mineras en nuestro país, que en el 2017 alcanzaron US$4,921 millones, un 16% más que el año anterior”, deduce el ejecutivo de Gold Fields, que opera Cerro Corona. “Para ello debemos enfrentar nuestro principal desafío que sigue siendo las relaciones con las comunidades aledañas a los proyectos”. Y añade: “Nuestra misión conjunta es convencer a la población de la necesidad de más proyectos mineros para brindar una mejor calidad de vida a más peruanos”.

Nuestra misión conjunta es convencer a la población de la necesidad de más proyectos mineros para brindar una mejor calidad de vida a más peruanos.

Para el periodo 2018-2022, el Ministerio de Energía y Minas espera ejecutar unos US$20,819 millones en inversión en proyectos mineros; es decir, el 35.6% de la actual cartera de proyectos. Sin embargo, dice Rivera, el país podría extraviar el camino sino refuerza los “programas de acercamiento a la población se corre el riesgo de poner en peligro proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo o Michiquillay”.

El presidente del IIMP concluye con una preocupación: “Para finalizar, nos alarma la ausencia de liderazgo y voluntad de acción de los responsables a enfrentar el tema de la minería ilegal”. De acuerdo a un reciente reporte del Poder Judicial, en lo que va del 2018, no existe ninguna sentencia condenatoria contra un minero ilegal.