Un proyecto de ley —Proyecto de ley N°1973/2021— del grupo parlamentario Perú Libre, presentado al Congreso el pasado 9 de mayo, busca que se declare de interés nacional y necesidad pública la «promoción» de vehículos eléctricos, híbridos-eléctricos y del equipamiento para su abastecimiento en el país. La iniciativa la encabeza el congresista Guido Bellido.

El análisis de costo-beneficio del proyecto está basado en declaraciones en un representante de la empresa Enel, según el proyecto de ley. «Un carro a gasolina, por 40 kilómetros recorridos, te consume S/15; el mismo recorrido, en un auto eléctrico, solo te cuesta S/2. Y por ejemplo en Chile gran parte de taxistas ya están usando esta tecnología porque ven el rendimiento y el ahorro que les genera», dijo Escardó, y esta cita es incluida en el proyecto de ley.

Para Adolfo Rojas, presidente de la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive Perú), los ahorros y costo-beneficio favorable que trae consigo la implementación de movilidad eléctrica «ya se han comentado bastante» y cree que ahora el debate se debería centrar en que «todas las instituciones públicas sean las abanderadas y hagan todos los años un balance y solicitud de una renovación de flota vehicular con un mínimo de 10% de su flota anual donde se incorporen vehículos eléctricos».   

«No se trata simplemente de promover políticas públicas para lograr la mayor penetración e ingreso de más y más unidades eléctricas al parque vehicular peruano, esto también debe venir complementariamente con programas estratégicos de conversión que puedan ir ayudando a migrar vehículos con tecnologías convencionales a vehículos eléctricos mucho más eficiente y eco amigables», dijo. «Es poco responsable pensar en implementar políticas públicas de masificación de vehículos eléctricos si no se piensa también en qué es lo que haremos con todos los millones de vehículos convencionales que existen en el país».

«Hemos visto una total inacción en los últimos tres años de parte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de las municipalidades de las cinco principales ciudades del país como son Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo e Iquitos» con respecto a la movilidad eléctrica, dijo Rojas. «Son las iniciativas de empresas privadas las que están haciendo la lucha y están intentando lograr conseguir el cierre financiero para viabilizar estos proyectos en el corto plazo, me refiero puntualmente a los proyectos de 76 buses eléctricos de 12 m en Arequipa y los 73 buses eléctricos (19 de 10.5 m y 54 de 8.5 m) en Pucallpa».

Advierte Rojas que es cierto que, si no se prioriza en el corto plazo una reforma integral del transporte en el país (particular, público y de carga), será «casi imposible que se logren los compromisos del Perú ante los organismos internacionales que lideran las acciones de mitigación del cambio climático». En el Perú, el transporte genera el 40% de los gases de efecto invernadero; Lima es la ciudad más contaminada de Latinoamérica.

El representante de Aedive Perú sostiene que una mesa de trabajo multisectorial es necesaria para elaborar una hoja de ruta  a corto plazo para posicionar a la movilidad eléctrica como necesidad pública cuanto antes. En el país desde el 2017 hasta la fecha se han presentado solo cuatro proyectos de ley de este tipo. Los tres primeros —7491/2020-CR, 3446/2018-CR y 2182/2017-CR— no consiguieron entrar en vigor. En Aedive Perú esperan que «este cuarto [proyecto de ley] no corra la misma suerte» que los anteriores.