Preocupación e indignación entre los empresarios mineros por casos Cuajone y Las Bambas

Preocupación e indignación entre los empresarios mineros por casos Cuajone y Las Bambas

La conflictividad ya no solo afecta a proyectos mineros, sino que ha escalado a las fases de operaciones de las minas, advierte Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), quien conversó con Perú21 sobre la situación que atraviesa el sector. 

Para Raúl Jacob, hay «dos sentimientos, uno es de preocupación porque empieza a haber estos eventos y no hay una respuesta apropiada del Estado. En el caso de Cuajone fueron más de 50 días hasta que se puso el estado de emergencia, por ejemplo (…)».  Y el segundo sentimiento es «indignación porque claramente está siendo afectada la fuerza laboral peruana; son trabajadores peruanos, familias peruanas. En el caso de Las Bambas, 75,000 familias en total. En el caso de Cuajone más o menos son 40,000 familias que dependen de la minería».

«Estamos en un momento de gran preocupación porque lo que vemos nosotros es que la conflictividad alrededor de las operaciones mineras está aumentando de manera descontrolada», dijo. «Antes los proyectos eran los que solían tener conflictos sociales. Muchas veces sucedía que, antes de empezar a hacerse algo nuevo [un proyecto], las comunidades alrededor de la zona estaban preocupadas y querían tener algún tipo de conversación y se discutía sobre el programa social que se había planteado para la comunidad cercana al proyecto en el área de influencia directa».

Pero ahora el fenómeno es diferente, dijo, pues en las  últimas semanas o meses «estamos viendo que se ha pasado de esta situación, que se veía en proyectos, a operaciones existentes específicamente». Con respecto a Las Bambas, refirió que la operación minera, detenida aún por la ocupación ilegal de sus predios, es justamente lo que permite el sustento de los 8,000 trabajadores y sus familias. «Entonces también hay que tener un poco de proporción. O sea, se puede llevar un proceso de diálogo, se puede llevar una conversación, pero dentro de cierto nivel de racionalidad y en este caso confiscar o impedir que se efectúe una operación, que es algo, entre paréntesis, ilegal», dijo.

Dijo que el Gobierno debe llevar adelante de manera adecuada un plan de pacificación de la zona. «Para eso hay elementos dentro del Estado de derecho. Está, por ejemplo, la Fiscalía de Prevención del Delito que puede intervenir. La Policía Nacional en muchos casos lo puede hacer de manera adecuada, para que se mantenga la tranquilidad que se necesita para iniciar un proceso de diálogo», sostuvo. «No se puede conversar con una situación en la cual hay una presión de tipo violentista».

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)