Precio del cobre enciende debate en Chile sobre aporte de las mineras a las arcas públicas

Precio del cobre enciende debate en Chile sobre aporte de las mineras a las arcas públicas

Chile estará redactando una nueva Constitución y en noviembre celebrarán elecciones presidenciales. En  el país vecino, el principal productor de cobre del mundo, se discute además un asunto de mucha importancia para todas las naciones productoras de metales y se tramitan normas, uno de los más relevantes es el proyecto de royalty minero, el cual busca que las compañías mineras paguen un porcentaje al Estado (un 3%, establecido por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados chilena) por explotar este recurso. El proyecto está aún en conversación, y los cruces ideológicos son pan de cada día al otro lado de la frontera. Actualmente el cobre cotiza en US$4 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Diego Hernández, presidente de la Sonami, el equivalente chileno a la SNMPE peruana, y expresidente de Codelco, en declaraciones al medio El Mercurio, sostuvo que “es prematuro pensar en un royalty, esto está influido por ser un año electoral: todos los candidatos están buscando temas para posicionarse y de repente el precio (del cobre) subió, pero pese a que la industria demostró resiliencia, la pandemia no se ha terminado”. Hace exactamente 50 años, el gobierno socialista de Salvador Allende nacionalizó el cobre y desde aquel entonces se le conoce como «el sueldo de Chile».

El presidente de Sonami insiste en que los políticos ven el árbol y no el bosque.

Chile produce más del doble de cobre que el Perú, pero para Hernández, lo mejor es la prudencia fiscal antes que el despilfarro político: “En un escenario de debilidad económica, la minería va a ser un factor importante, pero hay políticos no son especialistas y que no conocen la industria, que empiezan a repartir utilidades extraordinarias viendo que cayó el maná del cielo”. Hernández resaltó que en Chile la tasa impositiva a las mineras es ya alta y que además la normativa actual del país vecino ya grava los mayores márgenes operacionales.

El presidente de Sonami insiste en que los políticos ven el árbol y no el bosque pues asegura que la actual tasa impositiva permite que salgan a flote proyectos mineros de peor calidad y de menor ley de mineral que, en caso contrario, serían muy poco ventajoso para sus dueños. Si el Estado aumenta la tributación, obtendrá ganancias en el corto plazo, pero después va a bajar la recaudación total porque va a haber menos inversión, explicó. “Hay que evitar entrar en la discusión dogmática que le gusta a algunos abogados, de que al ser los recursos naturales del Estado tiene que haber una compensación, así que ojalá la discusión no sea esta; lo importante es que el Estado recaude y que de alguna manera se fomente la inversión y se haga más atractivo invertir en Chile”, dijo Hernández a El Mercurio, para quien la carga tributaria para las mineras es ya muy pesada.

La ley 20,026 de 2005, modificada por la ley 20.469 de 2010, establece el régimen por el cual las compañías mineras deben pagar un royalty al Estado de Chile, con tasas variables desde el 5% al 34.5% sobre su renta operacional minera, progresivas por tramos mientras vaya subiendo el margen operacional minero. En el país vecino, las grandes mineras pagan un impuesto de primera categoría del 27% que, con el gravamen del impuesto adicional al retirarse las utilidades por sus dueños, la tasa efectiva llega al 44,4%, o al 35% en el caso de mineras de capitales de países que tienen suscritos con Chile convenios para evitar la doble tributación, explicó Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, en una columna de opinión para el portal Minería Chilena.

El aporte de la minería a las arcas públicas chilenas es relevante. En 2020 aportó el 5,9% de los ingresos del país, según la Dirección de Presupuestos, mientras que en el período 2010-2019, esa contribución llegó al 9,6%. Sin embargo, en la época del «superciclo» del cobre (entre 2004 y 2014), cuando el precio estaba por las nubes, el aporte a las arcas públicas alcanzó un máximo de 34,3% (2006), según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Ahora bien, en declaraciones a la BBC Mundo, Raimundo Espinoza, dirigente sindical de la División El Salvador, sostuvo que el royalty minero que se discute hoy es el pago de un permiso para extraer un recurso no renovable, que se aplica en la mayoría de los países productores de cobre a las empresas mineras y que en Chile no existe. “Si las mineras tienen una buena rentabilidad cercana al 25%, que ahora con el precio alto puede superar el 30%, el resto de las utilidades debería quedar en manos del Estado, como hacen los noruegos con el petróleo», le dice a BBC Mundo. “Deberíamos discutir el royalty minero, aunque no creo que este sea el mejor momento porque el precio está muy alto. Hay que hacerlo pensando en el largo plazo”.

Raimundo Espinoza, dirigente sindical de la División El Salvador, sostuvo que el royalty minero que se discute hoy es el pago de un permiso para extraer un recurso no renovable.

El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal, en entrevista con Minería Chilena, explicó que el proyecto del royalty minero es “una deuda histórica con nuestro país”. “La idea es salir un poco de esta trampa en la que vendemos el cobre a las grandes potencias mundiales y luego compramos todos los productos tecnológicos de esos países”, dijo. “Podemos hacer alianzas público-privadas, incluso de carácter internacional, para potenciar esta industria en nuestro país y con eso también darle tiraje a la educación en Chile, con un foco de desarrollo en una industria 4.0, una industria amigable, sustentable y con otro nivel de relacionamiento con las comunidades”.

Christopher Sheldon, gerente de la Práctica Global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial, en declaraciones al medio La Tercera, detalló que los impuestos como el royalty minero están en una tasa de entre el 2% y 5%, la cual en ocasiones varía en función del movimiento del valor del metal en cuestión, y aseguró que las reglas de invariabilidad se han ido reduciendo en el tiempo, especialmente en países con sectores mineros de bajo riesgo. “Los países pueden evaluar si su régimen fiscal es óptimo, particularmente cuando los precios están altos. Pero es importante considerar los objetivos a largo plazo del país”, dijo.

La Constitución chilena entrega al Estado «el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas». Sin embargo, durante el régimen militar en los años 70, fue creada una Ley Orgánica Constitucional que entregó a las mineras privadas una «concesión plena» sobre la mayor parte de los yacimientos, y luego el Decreto Ley 600 les garantizó una invariabilidad tributaria por 20 años desde el inicio de cada inversión.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)