La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) lamenta la muerte de tres pobladores y que otras hayan resultado heridas, entre ellas miembros de la Policía Nacional, durante un intento de toma del campamento del Lote 95 ubicado en el distrito de Puinahua, en la provincia de Requena, región Loreto, operado por la empresa PetroTal.

Según la SPH, corresponde realizar “una investigación imparcial y profunda para el pronto esclarecimiento de los hechos y el retorno de la paz social en un momento que resulta imprescindible para enfrentar la crisis sanitaria y económica que amenaza al Perú”.

Refiere el gremio que la intención de paralizar las actividades del lote y ocupar las instalaciones formaban parte de “las acciones promovidas y anunciadas por un grupo de pobladores que el pasado 3 de agosto lograron paralizar la operación de la estación 5 del Oleoducto Norperuano de propiedad del Estado, intentando de ese modo lograr que se cumpla el plan de cierre de brechas de las comunidades del circuito petrolero”.

La SPH admite que el cierre de brechas es “una promesa del gobierno desde el 2016, pero que hasta la fecha no ha logrado  ponerse en marcha, así como la atención del impacto de la pandemia en sus localidades”.

El defensor adjunto de conflictos sociales, Rolando Luque, dijo a EL PAÍS de España que “los pedidos son principalmente dirigidos al Estado: sobre construcción de establecimientos de salud, instalación de energía eléctrica, entre otros. Pero no se han dado pasos concretos en ese plan de cierre de brechas anunciado por el ex primer ministro Vicente Zeballos”.

La industria petrolera, a través del pago de las regalías y de impuestos, ha dotado de cientos de millones de soles al presupuesto de la región Loreto, pero estos fondos no han sido usados de manera eficiente para atender las urgentes necesidades de la población, principalmente al interior de la región que ahora sufre con mayor intensidad estas carencias, añade el gremio petrolero.

Para esta sociedad, la situación “puede ser corregida por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República que ahora mismo discute diversas propuestas legislativas para modificar la Ley del canon petrolero”. 

Tragedia en Loreto

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) afirma que han muerto tres indígenas Kukama y otros diez fueron heridos durante una manifestación para exigir el diálogo al Gobierno para reducir la brecha de la pobreza en la región y la distribución de medicinas ante la pandemia. El hecho, ocurrido en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena, también causó heridos entre los agentes de la PNP.

“Los hermanos indígenas no tenían armas de fuego. Solo llevaron sus flechas como herramienta de defensa ancestral, de uso tradicional y cultural, con el objetivo de manifestar su rechazo e indignación por parte de la empresa petrolera y el Estado ante el abandono y muerte de sus familiares por falta de tratamiento, medicinas por culpa del COVID-19”, afirman en su comunicado.

Orpio asevera que fueron los policías “los que iniciaron este enfrentamiento en la noche, la policía entre la turba empezó a tirar ráfaga e incluso los mismos policías se han disparado entre ellos, por la oscuridad”. 

Ministerio de Cultura

La comitiva de alto nivel del Gobierno, liderada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, llegó esta tarde a la región Loreto para inspeccionar la situación ocurrida en Puinahua y conversar con los representantes de los pueblos indígenas.

“Nuestra prioridad es atender cualquier tipo de emergencia con los pueblos indígenas”, indicó el ministro previo a su partida hacia la región Loreto.

Lo acompañan el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, así como representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y especialistas de los sectores involucrados.

En declaraciones a medios de prensa, el ministro del Interior, Jorge Montoya, indicó que un grupo de policías ha viajado a la zona para brindar protección tanto a la población como al campamento petrolero conocido como Lote 95.

Congreso

La Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha emitido un comunicado en el que culpa a las fuerzas policiales de un “uso desproporcionado e irrazonable de la fuerza” que atacaron a “nuestros hermanos indígenas en las inmediaciones del Lote 95, causando tres muertos y diez heridos”.

Sostienen que “es inadmisible que luego de 50 años de extracción petrolera y grandes ganancias de las empresas, las comunidades como Bretania, del entorno del Lote 95, tengan energía eléctrica y agua potable solo por dos o tres horas”.

Policía

El Ministerio del Interior, en tanto, informa que ayer sábado, aproximadamente 70 pobladores llegaron a las afueras de la empresa PetroTal, en el Lote 95, “provistos de lanzas y retrocargas (perdigones), y demandaban la paralización de las labores”. Sostiene la policía que, al no llegar a un acuerdo, fueron los manifestantes los que abrieron fuego primero.

Producto del enfrentamiento, según la policía, dos pobladores fallecieron, once más resultaron heridos; también seis efectivos policiales. Todos ellos han sido trasladados, vía fluvial, a centros de salud. “Durante todo el desarrollo de los hechos estuvo presente un representante del Ministerio Público”, afirma la policía.