El juez Elder Luján Segura, titular del Sexto Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura, declaró infundadas las demandas de reposición interpuestas por Juan Vicente Rázuri Rodríguez y Julio Javier Rodríguez Ordinola, trabajadores despedidos de Petroperú por fraude sistemático en perjuicio de la empresa estatal, para obtener viáticos y beneficios económicos de manera ilegal. 

A través de las respectivas sentencias emitidas el pasado 4 de setiembre y 15 de octubre, el Poder Judicial confirmó la legalidad de los despidos ocurridos en diciembre del año pasado, como parte de las acciones de lucha contra la corrupción en la interna de la empresa estatal.

Estos dos casos no son los únicos en los que el Poder Judicial respalda las acciones emprendidas por la empresa estatal en su lucha anticorrupción. El 9 de julio pasado, el Juzgado de Trabajo Transitorio de Pariñas-Talara, a cargo del juez José Vicente Chiroque Aponte, rechazó de manera definitiva la demanda de reposición presentada por Rosendo Vilela Saavedra.

En la sentencia, y al igual que en los otros dos casos antes señalados, se determinó la no procedencia del pedido de reposición planteado por Vilela Saavedra, pues quedó demostrado que, en su rendición de viáticos, había inconsistencias, adulteración y falsificación de documentos para hacer creer a la empresa que el sentenciado había incurrido en gastos inexistentes y así apropiarse de la diferencia de dinero. 

A fines del año pasado, Petroperú dio a conocer a la opinión pública los resultados de un proceso de investigación interna que descubrió este modus operandi, y que culminó con el despido de 24 trabajadores y la denuncia penal a 36 trabajadores y extrabajadores comprometidos en actos ilícitos para beneficiarse con el cobro de viáticos y beneficios de manera ilegal.

La posición esgrimida por Rázuri, Rodríguez y Vilela y desestimada por la justicia es similar a la señalada por los otros trabajadores despedidos, quienes también han demando a Petroperú, exigiendo su reposición e indemnización por supuesto despido irregular, no obstante, la empresa estatal ha sustentado, en cada caso, las pruebas que dieron origen a estas drásticas medidas implementadas como parte de su lucha contra la corrupción.

Procesos desfavorables

Por su parte, la jueza Jessica Elizabeth Negro Balarezo, titular del Quinto Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura, pese a las pruebas de la empresa, ha declarado fundada la demanda de reposición interpuesta por Hildebrando Cabellos Valiente. De igual forma ha procedido el juez Pedro Chira Tello, titular del Primer Juzgado de Trabajo de Piura, al declarar fundada la demanda de reposición de Carlos Oswaldo Sánchez Rodríguez.

Petroperú ha apelado la sentencia de Cabellos Valiente porque considera que existen argumentos suficientes que demuestran el mal uso que el extrabajador realizó de los viáticos otorgados por la compañía. De la misma manera, Petroperú procederá en el caso del extrabajador Sánchez Rodríguez.

Ahora bien, en atención a la denuncia penal presentada por Petroperú, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Talara ha emitido la Disposición N° 01-2020, a través de la cual inicia investigación a nivel de despacho fiscal para la realización de diligencias preliminares contra un grupo de trabajadores que hicieron mal uso de viáticos y que han sido denunciados por la empresa estatal por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita y contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica.

Ocupación ilegal

La empresa Monte Azul Logística S.A.C. se encuentra ocupando ilegalmente parte del terreno del Terminal Mollendo, de propiedad de Petroperú, en el cual han instalado de manera ilegítima una caseta de vigilancia y una tranquera, según informó la petrolera estatal. Este hecho fue verificado el pasado 18 de septiembre en una visita de fiscalización al terreno ocupado –sito en el valle del Tambo, distrito de Mollendo, provincia de Islay, región Arequipa–, realizada por personal de la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Islay.

Como resultado de la fiscalización, la autoridad municipal ha constatado flagrantes infracciones por parte de Monte Azul Logística S.A.C. tales como “invadir terrenos de propiedad… del Estado” y “colocar obstáculos en las vías públicas… que limitan o dificultan el libre acceso sin contar con autorización municipal”.

Esta situación inició aproximadamente en la segunda quincena de julio del presente año, cuando se observó que la citada empresa venía desarrollando movimiento de tierras y otras actividades en la parte adyacente al Terminal Mollendo, razón por la cual Petroperú solicitó formalmente a la Municipalidad Provincial de Islay que proceda a realizar una visita de fiscalización. Petroperú  ha iniciado las acciones legales.