La nueva propuesta de Ley General de Ordenamiento Territorial que trabaja el Gobierno, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha sido cuestionada desde las mismas entrañas del Ejecutivo, según un informe del diario Gestión. La norma propone que las regiones puedan definir las actividades económicas que se pueden realizar en su jurisdicción, así como la exclusión de esta.  

Esta norma regula el ordenamiento territorial y establece que ni la zonificación económica ecológica ni el ordenamiento territorial asignan usos ni exclusiones de usos. Ante esto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha expresado a la PCM en un informe que el artículo 22 de la Ley 30230 debería mantenerse dado que “su derogación impactaría negativamente en la inversión de la actividad minera y la sostenibilidad del sector”. ¿Qué dice el artículo 22 de la Ley 30230? Dice lo siguiente: 

Artículo 22. Ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso.

La preocupación del Minem no es solo por la actividad minera, sino también por la petrolera pues la nueva propuesta del Ejecutivo podría excluir nuevos proyectos de hidrocarburos.

Gestión conoció que los gremios empresariales de diferentes sectores, al conocer el proyecto de Ley, han presentado observaciones a las entidades del Estado.Entre sus puntos cuestionan la derogación del artículo 22 de la Ley 30230, indicando que un ordenamiento territorial no restringe ni excluye las inversiones.

Advierten, además, que en esta propuesta de la PCM, y bajo el ministerio de Gobernanza Territorial, establece que debe emitir una opinión previa para los proyectos de ley e instrumentos de ordenamiento territorial, lo que considera que es inconstitucional.

Indican que la formulación de los proyectos recae en el Congreso debido a su función legislativa y no están sujetos a las opiniones previas, de manera vinculante, en este caso a la PCM.

Consideran que esta medida afecta la seguridad jurídica y las inversiones, También advierten que al impulsar esta iniciativa, proliferarán más actividades informales e ilegales.