La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial,  hace «un llamado a la calma a los sindicatos de trabajadores de la empresa Southern Perú, recordándoles que estamos pendientes de sus reclamos y que desde el Gobierno nos encontramos comprometidos en generar las condiciones necesarias para solucionar el conflicto y restablecer la situación al momento anterior a la implementación de las medidas de fuerza».

Anunciaron que el Gobierno, la comunidad y la empresa privada «vienen construyendo de manera conjunta un instrumento legal para la conformación de una mesa de diálogo que permita la solución de la controversia por la vía del diálogo y la construcción de consensos».

La próxima publicación de la norma —dijeron— permitirá «continuar avanzado en el proceso emprendido para transformar positivamente el conflicto y orientarlo hacia oportunidades de desarrollo para la localidad».

Dijeron que el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM está reforzando la presencia de gestores territoriales especializados en conflictividad social en las regiones del país, implementando los «Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de gestión social y diálogo».

La comunidad campesina de Tumilaca Pocata Coscore Tala, en Moquegua, ha ocupado ilegalmente un reservorio artificial con el que la empresa Southern Perú dota de agua a su mina Cuajone, que lleva alrededor de 50 días sin agua. En el campamento Cuajone viven 5,000 personas, entre trabajadores de la mina y familiares. Hay también colegios y hospitales. 

Hartos de la situación, los trabajadores de la mina amenazaron con ser ellos los que recuperen el reservorio artificial Viña Blanca. Los comuneros, en un inicio, pedían un pago de US$5,000 millones y ganancias directas por lo que ellos entienden como la «usurpación de sus tierras».