Ayer no prosperó el pedido de la congresista María Luisa Silupu Inga (Fuerza Popular), quien solicitó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que se suspenda el debate para mayor análisis del predictamen del Proyecto de Ley N° 5108/2020-CR que propone modificar el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Con cuatro votos en contra y tres votos a favor, fue rechazado el pedido de la congresista María Silupu. El predictamen pasó a un cuarto intermedio.

Durante el debate, el congresista José Luis Ancalle Gutierrez, de Frente Amplio, señaló que la tasa de actualización se aplica para todo el sector eléctrico y son las empresas estatales las que serán las más golpeadas.

Dijo que hace falta establecer si será correcto disminuir la tasa de manera global o por segmentos porque se trata de «un detalle bastante importante y por ello se había votado en favor de que se pueda posponer el debate porque son situaciones bastante técnicas que se tienen que analizar».

Por su parte, la congresista María Silupu indicó que le preocupa que las compañías públicas de distribución eléctrica «serán duramente afectadas» y «si se afecta a ellas se afecta al usuario final». Añadió que «no se puede permitir que las empresas estatales quiebren».

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que este proyecto de ley pone en riesgo inversiones por S/12,000 millones en el sector eléctrico pues “cambia las reglas de juego en esa industria”.

El gremio minero energético manifestó que de aprobarse el proyecto de Ley N° 5108, que propone alterar el modelo regulatorio actual para la distribución eléctrica y reducir la tasa de actualización del sector eléctrico en plena situación de emergencia por el COVID-19, «afectará gravemente las inversiones programadas por las empresas distribuidoras» para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional en beneficio de los usuarios más vulnerables.

«Actualmente, de las 22 empresas distribuidoras de electricidad que hay en el Perú, solo tres son privadas», esclareció la SNMPE. «En este sentido, una norma como esta pone en riesgo no solo las inversiones de las empresas públicas sino su eventual colapso».

El gremio minero energético añadió que un tema tan relevante como el modelo regulatorio de la distribución eléctrica y la tasa de actualización «requieren ser vistos de manera técnica por el Ministerio de Energía y Minas».