«Necesitamos una política de Estado para la minería y el Gobierno debe comprarse la idea»

«Necesitamos una política de Estado para la minería y el Gobierno debe comprarse la idea»

La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible fue creada con un propósito: elaborar propuestas de medidas normativas y de gestión, así como de política pública, para el desarrollo del sector; tuvo 120 días para elaborar su informe final, que finalmente fue remitido por su presidenta Roxana Barrantes a la Presidencia del Consejo de Ministros, con copia al Viceministerio de Minas, el pasado 13 de febrero. Y ahora, en el tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, relata sus conclusiones.

“En este momento, en el Perú, dada nuestra estructura productiva, a corto plazo, sin minería, no la hacemos”, dijo Roxana Barrantes. “Tenemos muchos conflictos sociales que impiden la ejecución de muchos millonarios proyectos”.

El informe tiene 81 recomendaciones puntuales, pero Barrantes afirma que en estos momentos se necesita principalmente de una política de Estado para la minería y el Gobierno debe “comprarse” la idea.

Ahora bien, esta política de Estado debe girar alrededor de una visión territorial de desarrollo. “Y aquí lo más importante es implementar un piloto, que sobre una base territorial, articule a todas las entidades que tienen algo que decir sobre el desarrollo minero que pueda avanzar en el respeto de derechos locales y de todos los peruanos de beneficiarnos de la minería”, sostuvo.

#EnVivo| «Presentación del informe de la comisión para el desarrollo minero sostenible». Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP

Publicada por Instituto de Ingenieros de Minas del Perú – IIMP en Jueves, 25 de junio de 2020

Según esta comisión, el país necesita además un nuevo modelo para incentivar la exploración minera dado que “muchas partes de los problemas que se pueden encontrar hoy provienen de desencuentros en la manera de llevar adelante esta labor”. En muchos casos, los esfuerzos de exploración son acuerdos entre privados: la empresa que quiere explorar y el territorio que muchas veces pertenece a la comunidad. “De allí la urgencia de un Estado líder para estos acuerdos previos y reglas claras”, recalcó. Entonces, para darle poder de negociación a la comunidad, el país debe “terminar de titular las tierras, para empezar”.

Ligada a esta propuesta está la culminación urgente de la base de datos oficial de pueblos indígenas para contar con claridad sobre los pueblos indígenas presentes en las áreas de los proyectos y considerar dichas información como vinculante  La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible sugirió además la creación de un registro único de consultoras ambientales, con la mira puesta en un sistema de acreditación. “Lo que tenemos hoy no satisface a nadie”, apuntó.

Entre las ideas más originales del informe final “Propuestas y medidas normativas de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero”, aparecía la creación del sistema funcional “Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos Sociales”, cuyo ente rector sería el Viceministerio de Gobernanza Territorial.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)