El Poder Ejecutivo está de acuerdo en ampliar el plazo de formalización minera para aquellos informales que buscan completar su trámite. “El Minem ha tomado conocimiento de una propuesta para ampliar el plazo del proceso de formalización; con la que se encuentra de acuerdo”, respondió el sector a una consulta realizada por Gestión.pe. Según cifras alcanzadas por el Minem, a la fecha se lograron formalizar a más de 10,000 mineros agrupados en más de 1,600 operaciones mineras a nivel nacional.

Presidentes de federaciones mineras de distintas partes del país se reunieron con la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Anuncia la entidad que es para “dar aportes y participar del proceso de construcción de la primera Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”. En 2017 el gobierno aprobó un decreto que evita que la Fiscalía o el Poder Judicial procesen a los mineros informales que se encuentren en proceso de formalización en el Reinfo.

Para lo que resta del año, la DGFM tiene previsto realizar tres talleres macrorregionales descentralizados. El primero en Puerto Maldonado (Madre de Dios); luego en Trujillo (La Libertad) y finalmente en Arequipa. El coordinador nacional de las federaciones regionales del país, Édgar Monroy, sostuvo una reunión con la DGFM.

Los talleres contarán además con la presencia de los directores regionales de Energía y Minas, o sus equivalentes, de la región correspondiente, así como de los congresistas que impulsan la construcción de la política nacional.

Para Patrick Wieland Fernandini, expresidente del Senace, el asunto de la formalización minera ha tenido resultados negativos y estas nuevas negociaciones solo agudizan el problema. No lo resuelven.

“Que el Minem acepte ampliar (otra vez) el plazo de formalización para los mineros informales es escandaloso”, dijo Wieland en su cuenta en Twitter. “Las sucesivas prórrogas son precisamente la causa del fracaso del proceso de formalización”.

En lugar de asegurar las condiciones habilitantes para mejorar los estándares ambientales y los derechos laborales, seguridad y salud, y de seguridad social en el sector, el Poder Ejecutivo ha optado por un “tigre de papel”.