Frente a las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabaja con las empresas del sector de hidrocarburos para asegurar la disponibilidad de combustibles líquidos (diésel, gasolinas/gasoholes, turbo, residuales, entre otros) y GLP a nivel nacional.

Hasta el año 2019, este recurso energético indispensable para los hogares, transporte, comercios e industria, tuvo una demanda de 274,000 barriles diarios, la cual fue atendida a través de la producción nacional en refinerías y plantas de procesamiento, así como de importaciones.

Desde que se declaró el estado de emergencia nacional, la demanda de dichos combustibles se ha reducido debido a que se solo se está atendiendo la demanda del sector residencial, vehicular (transporte de pasajeros en ciudades) y algunas industrias. En la demanda diaria de GLP se ha presentado una reducción del 34% (de 61,000 a 40,000 barriles equivalentes), en el diésel de 61% (de 114,000 a 45,000 barriles equivalentes) y en las gasolinas/gasoholes de 67% (de 52,000 a 17,000 barriles equivalentes).

A la fecha, el Minem viene gestionando la emisión de dispositivos orientados a garantizar la continuidad y operación de los agentes que intervienen, así como acciones que fortalezcan los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, contratistas y/o terceros del sector hidrocarburos.

Gas natural

El Minem ha implementado algunas  medidas necesarias que garanticen la continuidad del servicio público de gas natural en los hogares, industrias y generadoras eléctricas. La finalidad de estas medidas es asegurar el cumplimiento de la cadena de pagos de los principales actores de la cadena de valor de gas natural.

El Decreto de Urgencia N° 035-2020 prioriza la continuidad de la prestación de los servicios públicos, entre ellos la distribución de gas natural por red de ductos para usuarios residenciales que tengan un consumo de hasta 20 metros cúbicos por mes (m3/mes). Con esta medida se beneficiará al 80% del total de usuarios a nivel nacional; es decir, más de 875,000 usuarios quienes pertenecen principalmente a estratos socioeconómicos D y E, y presentan un alto riesgo de corte de servicio por la disminución en su capacidad de pago.