Los enfrentamientos entre las comunidades y las principales empresas mineras del país continúan, resultando insuficiente la participación del Estado para la solución de conflictos. El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tomando como ejemplo las recientes paralizaciones sufridas por minas como Las Bambas y Cuajone, consideró que las compañías mineras no deberían participar de una mesa de diálogo si el Poder Ejecutivo no garantice las condiciones para establecer acuerdos.

«Las mineras no deberían conciliar con una pistola en la cabeza. Las comunidades bloquean las carreteras, hacen que se paralicen las operaciones. Exigen a la empresa y al gobierno. La empresa se encuentra en desventaja», remarcó en el Expomina 2022.

Este año, el Instituto Fraser dio a conocer que el Perú se posiciona en el puesto 42° de los 84 países más atractivos para invertir en minería, registrándose una caída de ocho puntos con respecto al último año.

El expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Rómulo Mucho, sostuvo que esto se debe principalmente a la crisis en la que se encuentra sumergido el país a causa de la inestabilidad política y la poca capacidad de resolución de conflictos por parte del gobierno.

«Quién va a querer invertir en un país en donde el propio presidente se muestra en contra de la inversión privada. Él mismo lo dijo, desde su campaña, como parte de su plan de gobierno», refirió Mucho.

El exviceministro de Minas afirmó que al menos 22 de los 24 gobernadores regionales mantienen procesos por corrupción, lo cual se traduce en posibles malos manejos de los recursos destinados a las comunidades aledañas a las zonas mineras.

En representación de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, rechazó tajantemente cualquier acto que atente contra la integridad de los pobladores, refiriéndose al reciente desalojo de los comuneros que invadieron la propiedad de Las Bambas por casi dos semanas.

«Debemos ver el final del conflicto como una victoria social, no todo debe limitarse al ámbito económico. Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos promoviendo espacios de diálogo, siempre del lado de las comunidades, para beneficio, crecimiento y fortalecimiento de las zonas más pobres», dijo.