Durante su participación en el tercer y último día del Expomina Perú 2022, Miguel Cardozo, director del IIMP, comentó sobre la presión existente que tienen las empresas mineras de parte de las comunidades en las zonas altoandinas, donde la presencia del Estado es casi nula.

«En las zonas rurales la población sí espera la contribución de las empresas mineras y de otras que extraen recursos naturales porque la prédica política los induce a creer que estas empresas tienen la obligación de apoyarlos, mientras que, al mismo tiempo, no esperan ayuda del Estado y no exigen mucho de los gobiernos locales, regionales y nacional», señaló Cardozo.

Miguel Cardozo hizo énfasis en que si bien todos tenemos responsabilidad en trabajar por la reducción de la pobreza, la inclusión social y bienestar de la población, es el Estado quien tiene la tarea fundamental de articular el desarrollo sostenible e incluir a todos los peruanos.

Explicó que lamentablemente, ese rol no lo está cumpliendo y en muchas zonas rurales donde se ubican los yacimientos mineros, la población parece haberse resignado a no esperar nada del gobierno, sino que busca suplir sus necesidades por sí mismos, con apoyo de iniciativas civiles y empresariales.

Esto ha dado paso a que la responsabilidad social corporativa se convierta hoy en día en un galardón que la mayoría de empresas quiere exhibir, dijo Cardozo, y en el caso de las mineras deben exhibir para que se conozca el apoyo real que brinda y sus negocios puedan prosperar.

«Las empresas mineras son las que muestran mayores éxitos en este terreno, pero reciben el menor reconocimiento y reciben muchas críticas injustificadas», refirió.

Cabe precisar, como indicó Cardozo, que estas iniciativas tratan de ayudar a suplir las necesidades que tiene la población a raíz del olvido de la gestión gubernamental; sin embargo, ello no quita que es responsabilidad del Estado velar por el bienestar de la población, es a ellos a quien se les debe hacer llegar cualquier requerimiento.

«Repito que la obligación de tener un país en constante desarrollo, sin pobreza, socialmente justo e integrado es una tarea de todos, las empresas también tienen parte en esta obligación, pero nadie puede exigirles que asuma las obligaciones del Estado, ni las de los gobiernos de todo nivel, ni las de las instituciones dirigidas desde la sociedad civil», afirmó.