Medidas legales para acelerar proyectos mineros

Medidas legales para acelerar proyectos mineros

Por Ángel Chávez, consejero especialista en minería de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Esta columna aparece en nuestra edición digital.

La inmovilización social declarada por el Gobierno como consecuencia del estado de emergencia nacional ha generado la paralización abrupta de las actividades con un efecto devastador en la economía del país, lo cual se traducirá en una contracción del PBI estimándose en 12 % según el Banco Mundial y 15 % según el Instituto Peruano de Economía. ¿Una de las principales causas? Supeditar la continuación de las actividades económicas en beneficio de la estrategia de salud. 

Pandemia y reactivación económica

Si bien gran parte del sector minero ha sido autorizado para reanudar sus actividades en la fase I y II, consideramos que deben darse otras medidas que les permitan recuperar sus niveles de producción, y así aminorar los impactos negativos sobre la economía del país. Dichas medidas no solo deberían garantizar la reactivación de las actividades mineras que ya estaban operando, sino también impulsar el desarrollo y construcción de nuevas operaciones que necesitan ponerse en marcha.

Marco legal favorable para la inversión minera

Existen múltiples regulaciones fragmentadas entre diversas autoridades que no coordinan entre sí, lo que afecta el desarrollo de las actividades mineras. Asimismo, los procedimientos administrativos actuales presuponen situaciones de normalidad que a la fecha no existen por el COVID-19. Ante este escenario, una actitud proactiva de la PCM, el Minem y el MEF debería ser la generación de un marco legal sustentado en las siguientes medidas:

  • Implementación del procedimiento on line (expediente virtual) en todos los procedimientos del sector minero y la notificación electrónica obligatoria, así como la digitalización e indexación de todos los expedientes administrativos archivados (Minem/Ingemmet).
  • Implementación del sistema de aprobación automática en procedimientos administrativos a nivel del sector minero, cumpliendo con presentar la información del TUPA con el carácter de declaración jurada del administrado (Minem).
  • Priorizar el control posterior al previo. La administración debería tener un plazo improrrogable de 30 días hábiles para -vía control posterior- revisar el 20 % de los expedientes presentados y dejar sin efecto la aprobación automática, en caso detecte la falta de un requisito de admisibilidad o si lo presentado no se ajusta a lo exigido por el TUPA. Vencido el plazo todas las resoluciones quedan firmes (Minem).

Con relación a los petitorios mineros

  • Consideramos que se debería eliminar el requisito de la publicación de los avisos en los diarios, bastando la publicación en la web del Ingemmet o sustituirlos por avisos radiales en la zona del petitorio.
  • Asimismo, eliminar las oposiciones como recurso impugnativo que servía para discutir la superposición no advertida entre denuncios mineros antes del sistema de cuadrículas. Cualquier cuestionamiento a la tramitación de un petitorio minero se plantearía como un recurso de revisión.
  • Eliminar las opiniones técnicas de otros sectores, como condición para otorgar la concesión minera, teniendo en cuenta que esta no otorga derechos sobre la superficie ni afecta a las áreas restringidas a la actividad minera. 

A nivel de estudios ambientales

  • Se debería establecer por decreto legislativo que el Minem es la única autoridad competente para evaluar los proyectos de exploración minera, independientemente del instrumento ambiental que le corresponda.
  • Asimismo, establecer que las Fichas Técnicas Ambientales (FTA) son de aprobación automática hasta un máximo de 30 plataformas, en caso no sean observadas en el plazo de 5 días por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), haciéndose el control posterior aleatorio. Además, la existencia de pueblos indígenas no debería impedir la presentación y aprobación automática de una FTA, pero si debiese requerirse la autorización de inicio de actividades por la Dirección General de Minería (DGM).
  • Debe eliminarse el carácter vinculante de las opiniones técnicas a nivel de los estudios ambientales para exploraciones. Transcurrido el tiempo establecido para emitir opinión, se continúa con el trámite, asumiendo que no existen observaciones por las otras autoridades. Todas estas comunicaciones deben ser electrónicas. 
  • En el caso de los talleres y audiencias públicas, deberían ser sustituidos en casos de emergencia nacional o medidas de salud, por mecanismos de participación ciudadana no presenciales como la radio o televisión que tienen mayor alcance y menos riesgo a la población. 
  • Toda vez que las salidas a campo para el tema del acompañamiento se convierten en un riesgo por el transporte y la interacción, los estudios se deberían elaborar con información secundaria. En el caso de exploraciones mineras solo debería requerir información primaria en los EIAsd. 

En el caso de las autorizaciones de la DGM 

  • Hay que diferenciar los permisos y autorizaciones de nuevos proyectos mineros (en áreas nuevas para la minería) de las modificaciones a las operaciones mineras en curso. Si la operación se va a desarrollar en una unidad minera con permisos y autorizaciones no debería hacerse consulta previa solo autorizarse a nivel de la DGM. La consulta debería realizarse en una única oportunidad, que podría ser una vez finalizada la exploración en lo que se denomina tránsito a la explotación. 
  • El caso de modificaciones dentro de áreas existentes y en terrenos propios, el procedimiento debe ser de aprobación automática, dado que no existen impactos adicionales, en esos casos basta la presentación de información técnica de acuerdo con el TUPA a la DGM. 
  • En el caso de modificaciones de unidades mineras con nuevas áreas a explotar, se debe evaluar los impactos para un proceso de consulta respecto de los PP II que se encuentran en la parte nueva del polígono y no de todo el polígono. 

El país requiere de salud, educación y saneamiento y la minería formal genera mediante sus tributos y regalías, los recursos necesarios para su financiamiento. Tenemos operaciones y proyectos mineros para salir de la crisis, es momento de tomar decisiones.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)