La bancada de Perú Libre presentó una propuesta legislativa (PL 2259-2021) para nacionalizar la industria del cobre,y crear la Corporación Nacional del cobre , la cual tendrá el derecho exclusivo para la exploración, extracción, primera industrialización y remediación del cobre a nivel nacional.

De acuerdo con Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el proyecto cuenta con dos fallas cruciales: la valorización de las unidades mineras y el hecho de que la venta de las mismas sea de manera forzosa. «El proyecto propone descontar el valor del mineral y de los impuestos a pagar por las empresas que administran las unidades mineras. Los que redactaron el proyecto no tienen idea de qué han escrito», dijo. «Existen formas de valorizar negocios mineros en marcha utilizando fórmulas universalmente reconocidas. Lo que se ha propuesto es un sinsentido», dijo el vocero de la SNMPE en declaraciones al diario Gestión.

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Gálvez señaló —siempre según Gestión— que, fuera de cómo pueda el Estado gestionar la industria del cobre, si las empresas estuvieran dispuestas a vender sus minas bajo una valorización real, no debería haber ningún problema. Sin embargo, ese no es el caso actual.

Gálvez indicó que proyectos como este de Perú Libre son una pésima señal para los inversionistas y «solo generan más desconfianza hacia el país». De aprobarse, «se suspenderán y postergarán inversiones» y, al final, las consecuencias de dicha norma las pagará «la población más vulnerable del Perú».Al respecto, Carlos Gálvez sostuvo que aun si no se aprobase dicha norma por el congreso, «seguir insistiendo con estos temas es una pésima señal al mercado internacional».

Según indica el proyecto, se valorizará a las empresas privadas que actualmente desarrollan actividades que ahora asumiría la Corporación. Sin embargo, a su valor se le restará su deuda tributaria, exoneraciones otorgadas, así como beneficios tributarios, el valor del recurso en el subsuelo que «han omitido pagar», la «exportación de utilidades» y el costo de la remediación nacional.

El proyecto de ley no contempla que pasaría en los casos en los que el Estado no cuente con el suficiente presupuesto para cubrir el 51% del capital social de dichas unidades.