Al cumplirse hoy 13 días de la invasión de los terrenos de Las Bambas por parte de pobladores de la comunidad de Fuerabamba, que obligaron a la paralización de las actividades productivas de la mina ubicada en la región Apurímac, el Perú ha dejado de exportar concentrados de cobre por más de US$110 millones. Así lo dio a conocer Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tras señalar que el país también ha perdido hasta la fecha aproximadamente S/62.5 millones por concepto de canon y regalías.

Al respecto, precisó que el impacto de la paralización de Las Bambas significa que el Perú deja de percibir al día S/5.2 millones por canon y regalías, así como otros US$9.2 millones por exportaciones de cobre diarios. «La situación es extremadamente crítica en Las Bambas ante la ocupación ilegal de sus terrenos que impiden la continuidad de las operaciones de una de las principales productoras de cobre en el Perú y del mundo, lo que significa un duro golpe para la reactivación de la economía nacional, pues esa unidad minera aporta el 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país y 72% del PBI de Apurímac», refirió Grossheim.

En este contexto, indicó que urge una actitud más firme del actual Gobierno para poner fin a esta ilegal invasión y que al amparo de la Constitución y las leyes, haga prevalecer el respeto al Estado de Derecho, la defensa de la propiedad privada y el restablecimiento del orden público. «Esta medida de fuerza ha puesto en grave riesgo el empleo de más de 8,000 trabajadores y proveedores de Las Bambas, que desde que inició operaciones en el año 2016, es blanco de permanentes acciones de hostigamiento y bloqueos que han interrumpido sus actividades en más de 470 días”, comentó Grossheim.

Asimismo, afirmó que MMG Las Bambas viene cumpliendo con los compromisos que asumió con la comunidad de Fuerabamba: «Desde el año 2010 las inversiones de Las Bambas en la comunidad de Fuerabamba suman más de S/3,400 millones en programas sociales, compensaciones por reasentamiento, contrataciones de proveedores locales, entre otros».

«El Gobierno no puede alejarse de su rol promotor y garante del Estado de derecho, pues bajo estas circunstancias de inseguridad y sin garantías es imposible que Las Bambas continué trabajando a futuro», remarcó la representante de la SNMPE.