El 14 de abril, alrededor de 500 pobladores de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron propiedad de la minera Las Bambas en zonas cercanas a las operaciones de minado, en el distrito de Challhuahuacho, así como en el proyecto Chalcobamba, en el distrito de Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac.

«Inmediatamente después de producidas las invasiones, detuvimos nuestras operaciones para salvaguardar la salud e integridad de nuestros trabajadores y la de los propios comuneros», explicaron desde la empresa. «A partir del 20 de abril, suspendimos temporalmente nuestra producción de concentrado de cobre». 

La empresa de capitales chinos y australianos comunicó que los invasores «cerraron todos los accesos al proyecto Chalcobamba y, con maquinaria pesada y camiones propios, sustrajeron material no procesado acumulado producto de las actividades del proyecto». Y añaden: «Desconocemos su uso y destino final». 

Las Bambas —en su comunicado— aclara que actuó con «estricta sujeción a lo establecido en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, más aún a sabiendas que, de manera condenable, los invasores utilizaban a mujeres y niños como escudos humanos». 

Producto de esta intervención, los manifestantes de la comunidad de Fuerabamba abandonaron la propiedad de la minera, mientras que pobladores de Huancuire aún permanecieron en el sitio. 

«Ayer, jueves 28 de abril, no tomamos ninguna acción de defensa posesoria para retirar a los invasores. Por lo contrario, desde tempranas horas y hasta el momento, venimos siendo sistemática y violentamente atacados por pobladores de estas comunidades en nuevos y mayores intentos de invasión como represalia a la legítima defensa posesoria ejecutada el miércoles 27 de abril», denunció la empresa. «Los invasores, armados de piedras, bombas molotov y distintos tipos de armas, vienen atentando contra los efectivos de seguridad que se encuentran protegiendo nuestra propiedad, resultando al momento varios de ellos severamente heridos».

Pese a los intentos y reiteradas invitaciones de la empresa como del gobierno a sostener un diálogo transparente, y al mantenerse inalterada la negativa de los comuneros invasores; el miércoles 27 de abril, pasados trece (13) días de ocurrida las invasiones, «nos vimos forzados, en estricto cumplimiento de la Ley, a ejercer nuestro legítimo derecho a la Defensa Posesoria Extrajudicial, dentro de los quince (15) días siguientes de producida la invasión, según dispone el artículo 920 del Código Civil Peruano». 

Los daños generados al momento, dice Las Bambas, «son imposibles de calcular, dada la permanente y alterada situación de confrontación». Una serie de equipos de maquinaria pesada de la empresa y contratistas han sido destruidos, al igual que diversas instalaciones de control y almacenes. «Minera Las Bambas rechaza estos actos de violencia e invoca a los pobladores a restablecer la calma y el respeto a la ley. De igual manera, mantiene su compromiso de reestablecer el diálogo con los miembros de las comunidades y con el Gobierno del Perú para lograr una salida conjunta a la problemática actual», finaliza la empresa.