La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N.° 219, correspondiente al mes de mayo, el cual da cuenta —entre otros aspectos— de 205 conflictos sociales registrados (151 activos y 54 latentes). El documento indica que en dicho período se solucionaron cuatro conflictos, tres a través del diálogo.

En este mes se registraron siete personas fallecidas producto del enfrentamiento entre integrantes de organizaciones de mineros informales en la provincia de Caravelí, en Arequipa. Los hechos se produjeron en el sector denominado Huanaquita, en el distrito de Atico, y habrían participado personas presuntamente armadas. 

Asimismo, 12 personas (2 civiles y 10 policías) resultaron heridas producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y comuneros de Huancuire en Apurímac, quienes mantienen un conflicto con la empresa minera Las Bambas. Ahora bien, informa la entidad, los enfrentamientos entre las comunidades campesinas Huancabamba y Cceuñahuran en Apurímac, tuvieron como resultado 13 comuneros heridos.

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Respecto al mes anterior, indica la entidad que se resolvieron cuatro conflictos sociales. En el caso de la empresa TGP y la comunidad campesina de Vinchos y sus anexos, en Ayacucho, se llegó a un acuerdo sobre el monto de inversión para atender todos los puntos de la agenda de la mesa de diálogo que instalaron. 

En el caso de la empresa minera Raura y la comunidad campesina de Quichas en Lima, se firmó un acuerdo de beneficio social y, desde entonces, no se han registrado incidencias o controversias al respecto entre las partes. 

Otro caso involucró al Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Maquia en Loreto, que exigía una auditoría a la gestión municipal por supuestas irregularidades en la ejecución de obras públicas. A partir de los buenos oficios desplegados por la Defensoría del Pueblo en el 2021, la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició las investigaciones correspondientes ante las denuncias formuladas por la población local. 

Del mismo modo, la Contraloría General de la República, haciendo uso de sus facultades, inició la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado en la actual gestión municipal.

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En el caso de los trabajadores de la empresa Cerro S. A. C., luego de concluidas las reuniones extraproceso entre los trabajadores y la empresa, se interpuso dos demandas de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, para el cumplimiento de lo dispuesto por Sunafil Pasco, que establece que la empresa debe incorporar a los trabajadores a la planilla electrónica. 

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.4 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.2 %.

Del total de casos activos, el 60.9 % (92 casos) de los conflictos es atendido a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 70 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 80.4 % (74 casos) corresponde a casos socioambientales.