Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Provías) y otras entidades del Estado, para la adjudicación y contratación de diversas obras públicas a nivel nacional. Entre las empresas implicadas, figuran las peruanas Graña y Montero, Mota-Engil Perú, San Martín Contratistas y Cosapi, y las brasileñas OAS, Camago y Correa y Odebrecht.
Indecopi informó en una nota de prensa que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa en la existencia de indicios razonables. La suma de los valores referenciales de las 112 obras objeto de investigación fue superior a los S/13,000 millones e Indecopi las acusa de haber generado mayores gastos de los que debería al Estado peruano.
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— Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) February 11, 2020
La alianza entre estas empresas se habría cometido entre noviembre de 2002 y diciembre de 2016, a través de una serie de reuniones entre las empresas involucradas con la finalidad de evitar competir entre ellas y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección. Según Indecopi, estas reuniones se habrían llevado a cabo en distintos hoteles, restaurantes, clubes y oficinas de las empresas implicadas.
Una de las primeras en responder ha sido Cosapi. En un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, señalan que Cosapi fue “la primera empresa en acogerse al programa de clemencia ante Indecopi y ha venido colaborando libremente”.
Las empresas y ejecutivos cuentan con un plazo de treinta (30) días hábiles para presentar sus descargos, anuncia Indecopi en una nota de prensa.
Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)
