Cerca de 250 comuneros atacaron e incendiaron la mina Cobriza, administrada por Doe Run Perú. Elvis Yupanqui, representante de los acreedores laborales de la empresa minera, relató al diario El Comercio que los atacantes ingresaron al área de la chancadora primaria y quemaron la faja transportadora, una retroexcavadora, un cargador frontal y dos casetas de vigilancia, hiriendo de paso a varios trabajadores.

Yupanqui afirma que esto es como represalia por la frustrada venta de la unidad minera a la empresa Cobre de los Andes, que ofreció US$22 millones para hacerse cargo de la operación. Para los comuneros es vital la reanudación de las operaciones de la unidad minera, detenida desde 2020. Los asaltantes acusan al liquidador concursal de Doe Run Perú, Consultores A1, de frustrar la operación de venta.

La venta se abortó en la Junta General de Accionistas de Doe Run Perú, celebrada la última semana de mayo, debido a que Doe Run Cayman (empresa que cuenta con voto preferente con derecho a veto) se abstuvo de avalar el convenio.

Días atrás, el liquidador de Doe Run Perú, Consultores A1 S.A.C, denunció ante la Fiscalía de Prevención del Delito de la provincia de Churcampa (Huancavelica) que un grupo de dirigentes comunales liderado por Yuye Cuadros Pacheco, quien cuenta con el respaldo de la alcaldesa de San Pedro de Coris, Yanet Meza, tendría un plan para ejecutar acciones violentas desde el lunes 6 de junio con el objetivo de dañar la mina Cobriza, incendiando la faja de transporte de mineral, dañando la toma de agua de Huaribamba y las torres de energía eléctrica.

Elvis Yupanqui, representante de los acreedores laborales de los activos de Doe Run, criticó el accionar de la alcaldesa de San Pedro de Coris, quien, en su opinión, en lugar de llamar a la calma y mesura, y entablar puentes de diálogo como autoridad municipal, se viene dedicando a azuzar un nuevo conflicto minero en nuestro país.

«La alcaldesa Yanet Meza no se preocupa por los 3,500 trabajadores de la mina, por su derecho al trabajo, ni por el pago de las deudas. Todo lo contrario, no permite el traslado al Callao del concentrado de cobre de Cobriza y no desea que se paguen las concesiones mineras que el próximo 30 de junio se perderían», señaló.

Denuncia, asimismo, que empresarios de la localidad, quienes tienen un proyecto de hacer una planta, y bajo el pretexto de recuperar las tierras de la comunidad, quieren impedir que se paguen las concesiones y se caiga la venta de la mina.

Desde el pasado 9 de enero, A1 fue nombrado por Indecopi liquidador de Doe Run. El 25 de mayo puso al voto de la junta de acreedores la venta de Cobriza por US$ 22 millones, pero el acreedor Doe Run Cayman vetó la operación y quedó anulada.

Los próximos 28 de junio y 4 de julio, la junta tendrá la oportunidad de votar nuevamente la aprobación de la venta. Esta vez, el liquidador A1 presentaría a los acreedores una o más propuestas de compraventa de Cobriza.

En la actualidad, el liquidador está operando la mina con carga mínima, con dos objetivos: dar mantenimiento a la mina y generar un ingreso que permita el pago de U$ 1,5 millones que se deben pagar antes del 30 de junio por concepto de vigencia y penalidades 2021, si no lo hacen, las concesiones se pierden y DRP dejará de ser el titular.