El candidato presidencial por el partido Avanza País, Hernando de Soto, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la economía peruana necesita tanto de la minería como de la agricultura. «Queridos compatriotas, en mi gobierno habrá espacio para que crezcamos todos. La verdad es que necesitamos tanto de la minería como de la agricultura», señaló en una propaganda. De Soto indicó que, además del destrabe de proyectos mineros, su propuesta contempla la certificación de las tierras de campesinos aledaños a los yacimientos mineros.

«Junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros las certificaciones que necesitan, para que al igual que esos mineros tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses globales», explicó. Añadió que estas certificaciones podrían serles útiles tanto para acceder a crédito, como para desarrollar su agricultura, si es lo que prefieren.

En una reciente entrevista con RPP, el candidato explicó su plan. Dijo que estos certificados permitirán a los campesinos «entrar a los mercados internacionales y pasar de campesinos a mineros». Y añadió: «Con nosotros las tierras que están por encima del subsuelo también van a entrar al mercado internacional y podrán defenderse de la globalización y aprovecharse de ella». Sostuvo que las empresas solo compran las tierras a los campesinos pero no les dejan conseguir un «valor adicional que significa que en la tierra no solo crece patas sino también hay oro».

¿Pero qué más dice su plan de gobierno con respecto a las no renovables? El plan  de Hernando de Soto es «poner en valor US$961,000 millones en minerales probados y probables que poseen tanto los formales como los informales que hoy son ‘capital muerto’ porque no pueden ser financiados».

Explica el partido que lidera Hernando de Soto que «está el caso de los recursos del subsuelo que han sido concesionados a empresas extractivas formales, muchas de las cuales están siendo bloqueadas por campesinos y mineros artesanales informales que son dueños de la superficie justo encima de esas concesiones y quienes se resisten a conceder a dichas empresas las certificaciones (conocidas como ‘licencia social’) que estas necesitan para acreditarse en las bolsas de valores».

Un segundo extremo importante en Avanza País son los campesinos que viven de la explotación de recursos agrícolas renovables «en áreas mineras que son renuentes a otorgar la ‘licencia social’ a las empresas extractivas porque se sienten alienados, ya que sus derechos no están certificados de manera tal que sus actividades agrícolas puedan ser financiadas en los mercados de capital al igual que las mineras».

Una tercera arista es el caso de los recursos controlados por mineros informales cuyo potencial de crear riqueza sustancial, afirma Avanza País, «está bloqueado porque las distintas autorizaciones excepcionales que les permiten operar no están certificadas de manera que puedan ser censadas, recibir concesiones y negociar dentro de la ley con titulares sin que nadie sea expropiado, comercializar lo que producen y acreditarse en mercados financieros».