En una coyuntura interna muy particular en la que aún no tenemos Congreso y al actual Ejecutivo le queda casi un año y medio de mandato, se aprecian impactos en la economía por los actos de corrupción y se prevén riesgos de insatisfacción de las principales necesidades en la población. Asimismo, ante cuestionamientos sociales a proyectos mineros, la propuesta de una nueva Ley General de Minería y continuidad en los lineamientos a las recomendaciones de la OCDE, es preciso preguntarnos si es posible una reforma tributaria y qué temas se abordarían en este sector.
Dejando claro que para una iniciativa de reforma se requiere tener un Congreso habilitado, no descartamos que en la agenda del Parlamento el sector minero será un tema de debate, salvo que pueda darse una delegación de facultades al Ejecutivo.
Sin embargo, estas iniciativas enfrentarán el riesgo de no concretarse, si se considera el corto periodo de tiempo que tendrá el nuevo Congreso y los temas claves que se identifican para promover una reforma de naturaleza tributaria para este sector.
Una posibilidad es que lleguemos a julio del 2021 con los cambios que en materia del Impuesto a la Renta se han hecho efectivo a partir del 2019. Estos cambios respondieron a la adecuación de nuestra legislación tributaria a las recomendaciones de la OCDE, con el propósito de combatir la evasión y la elusión, así como para la inclusión de mecanismos que permitan equilibrar los tratamientos tributarios, lograr la transparencia global y garantizar el intercambio de información tributaria.
En este contexto, el sector minero y energético también fue impactado con el restablecimiento de la norma antielusiva general, la deducibilidad de los intereses por préstamos, la venta indirecta de acciones o participaciones peruanas, los nuevos supuestos de establecimiento permanente, el nuevo crédito indirecto por el Impuesto a la Renta, cancelado por una subsidiaria extranjera de una entidad peruana, y la aplicación del sexto método, entre otros.
Los procesos de reforma tributaria deben obedecer a un claro propósito y ser medibles, y frente a la expectativa que un nuevo Congreso tome esta iniciativa, debe hacerlo es necesario que se realicen en el tiempo apropiado y con el debate técnico requerido, para evitar riesgos.
De otro lado, resulta incompleto hablar sólo de una reforma tributaria en este sector sino tenemos en cuenta los aspectos coyunturales que pueden influir y una línea de base como marco general.
El escenario próximo del inicio de campaña de los nuevos candidatos a elecciones presidenciales para el periodo 2021 – 2026 y sus propuestas para este sector, podría también traer iniciativas de reforma no sólo en lo tributario, por lo que desde ahora hay interés en conocer las principales propuestas.
Más allá de este escenario, hay algunos aspectos que están en la mesa de discusión como posibles temas a tratarse en una reforma tributaria. Como se ha señalado con anterioridad, una reforma debe ser parte de un plan mayor de Estado (corto, mediano y largo plazo), y si nos centramos en el propio sector minero observamos que los temas que podrían identificarse en materia tributaria podrían ser incluidos en la nueva Ley General de Minería que anunció el Presidente Vizcarra.
Entre estos temas los más relevantes son:
1- En relación al beneficio de la devolución del IGV por exportaciones (que no es aplicable solo a la minería sino a todos los exportadores), es conocido que la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) en años previos ha ido decreciendo, por la baja en la cotización internacional, sin embargo, por el hecho que los minerales casi en su totalidad se exportan, ello otorga el derecho a la devolución de este impuesto, lo cual responde a la regla que los impuestos no se exportan y contribuye al marco de competitividad para atraer inversión.
La administración tributaria enfrentó una situación particular en los años 2016 y 2017, porque la devolución de impuestos había superado lo recaudado por Impuesto a la Renta (IR) del sector minero (efecto neto desde la perspectiva del fisco), lo que generó es planteamiento de establecer un límite a las devoluciones basado en el monto de lo recaudado y/o su diferimiento. Incluso se planteó que este límite debería ser parte del contenido del régimen tributario en la nueva Ley General de Minería ya que debe evitarse que el Estado termine subsidiando a las empresas, lo cual se podría volver a presentar cuando el monto devuelto termina superando el Impuesto a la Renta recaudado por la SUNAT.
Es decir que, debido a la volatilidad del sector, sobre todo cuando baja el precio de los minerales y el pago de impuestos no es significativo, este aspecto sea regulado en la nueva ley, siendo un reto su implementación. Abordar este tema en una nueva reforma debe también considerar el porcentaje que representa el pago de impuestos (casi un 47%) en los ingresos de la minería y que la devolución de impuestos es neutral, porque no debe exportarse impuestos.
2- Otra propuesta es que la nueva ley presente cambios en la estabilidad tributaria y su alineamiento a normas constitucionales, para adaptarla a las necesidades de ahora y futuras, ya que el régimen que originalmente se creó obedeció a una coyuntura de país (año 1990) que ahora es distinta y que demanda consolidar el rol de la minería como vehículo de desarrollo, tanto en su actividad exploratoria como extractiva. Asimismo, si bien los actuales incentivos para la actividad exploratoria resultan razonables para la mayoría, se ha planteado además que estos se complementen con otros ajustes normativos que deberían estar contenidos también en la nueva ley.
3- Se ha propuesto también que sí la exploración no paga impuestos, entonces ello debería ser compensado exigiéndose que la información obtenida en esta etapa pase al Estado, pero reconociendo que la empresa minera que la obtiene sea la primera en aprovecharla. La razón de ello es que si esta información va al Estado y no es aprovechada por quien la obtuvo, el Estado pueda promover este y otros proyectos mineros. Hay también otros aspectos tributarios más específicos como el de la aplicación de la depreciación acelerada y los ajustes en la valorización de concentrados que se exportan, los mismos que también pueden ser comprendidos en una iniciativa de reforma.
4- En el sector energético de hidrocarburos ya el Congreso trabaja en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de generar el marco legal promotor, sin embargo, este nuevo marco legal queda a la espera que lo defina el nuevo Congreso. Un tema importante abordado en este proyecto es el aprovechamiento de inversiones de actividad exploratoria en un contrato productivo para su amortización.
En el corto tiempo enfrentaremos el reto del debate en un nuevo Legislativo por los proyectos de ley y los aspectos tributarios serán abordados, por lo que deben orientarse a asegurar la continuidad de las inversiones y la sostenibilidad de los proyectos.
Por: Rogelio Gutiérrez, socio de Tax & Legal de Deloitte.
