A través de un decreto supremo, el gobierno puso fin a la tercerización laboral sin tomar en cuenta el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cataloga esta medida de inviable. La propuesta fue iniciada por la ministra de Trabajo, Betssy Chávez. «Este contraste de ingresos perjudicaba directamente a los trabajadores, pues afectaba también sus beneficios sociales, tales como la Compensación por Tiempos de Servicio (CTS), gratificaciones y los aportes para sus pensiones. Incluso, en algunos casos, si laboraban en las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), sus beneficios se reducen», explicó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Según expertos, un 70% de personas contratadas bajo esta modalidad podrían quedarse sin empleo.

Desde el Gobierno sostienen que este tipo de contratación incumplía con la Ley que Regula los Servicios de Tercerización (Ley Nº 29245) y con el Decreto Legislativo Nº 1038, que indica que esto se aplica solo para la realización de actividades especializadas u obras de las empresas, es decir, proyectos que no forman parte de su actividad neurálgica o nuclear. Con esta medida, las empresas podrán seguir tercerizando todo lo que no sea núcleo del negocio y, en el mismo núcleo, siempre que sea sin desplazamiento o de forma ocasional, alega el Ejecutivo.

Para Beatriz Alva Hart, exdirectiva de Petroperú, en declaraciones a Panamericana, el decreto supremo es “un desastre para la economía del país” porque “no hay diferencia entre actividad principal y núcleo de negocio porque es el objeto social por el que se constituye una empresa”. “Hay más 1,500 empresas contratistas mineras registradas y que trabajan formalmente en minería. Lo que significaría más de 30,000 trabajadores en minería y otro tanto en hidrocarburos”, calculó Alva Hart, que invocó al premier Anibal Torres a que revise la norma, “porque este es un decreto supremo que vulnera ampliamente el principio de legalidad”. “Me parecería interesante preguntarle a la Federación de Trabajadores Mineros qué piensa porque ellos estaban en contra de la primarización de todas las actividades. Hay que conocer el sector para pretender hacer cualquier cambio”, añadió.

David Tuesta, exministro de Economía, dijo que esta norma es perjudicial para el país dado que aumentará los costos de las empresas y las hará menos eficientes. “Al tener que producir menos, pues tendrán que contar con menos trabajadores”, dijo. “Esto significará un incremento en los despidos”.

EMPLEO EN MINERÍA

En 2021, el empleo del subsector minero peruano mostró una notable recuperación en contraste a cifras registradas en 2020, año en que los titulares mineros se vieron en la necesidad de mantener solo el personal mínimo para realizar actividades críticas a fin de evitar la propagación del Covid-19. De esta manera, en diciembre de 2021, el empleo directo en minería sumó un total de 239,676 trabajadores, representando un incremento de 20.2% respecto al personal reportado en idéntico mes del año previo (199,417 personas). Por su parte, el empleo promedio generado por la actividad minera en el periodo de enero a diciembre de 2021 fue de 227 407 trabajadores, lo cual significó un incremento de 27.5% en referencia al promedio anual de 2020 (178 333 trabajadores).

Con relación al tipo de empleador en el último mes del año, los puestos de trabajo generados por los contratistas (empresas contratistas mineras y empresas conexas) representaron el 73.1% del total de empleo en minería, reflejando un aumento de 28.6% referente a lo declarado en el mismo mes del 2020. Por su parte, el empleo generado por las compañías (empresas mineras) en diciembre representó el 26.9% del total, significando un incremento interanual de 2.1%.