Baltazar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, enfatizó que los recursos económicos provenientes de la minería, como el canon y las regalías, deben destinarse principalmente a programas enfocados en el cierre de brechas sociales y el desarrollo productivo sostenible de las comunidades.

«En el 2020 se obtuvo un adelanto de canon minero de S/ 500 millones para todos los gobiernos regionales y locales del país, los cuales anteriormente no percibían estos ingresos, pero sí contaban con operaciones mineras. Ese fue el caso de Apurímac con Las Bambas», dijo durante el último Jueves Minero, charla que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

«Estamos entregando dinero para inversión en proyectos de infraestructura, pero no para reactivar la economía ni para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos», dijo el gobernador, y precisó que su gobernación estableció ciertos «candados» o requisitos mínimos para usar el dinero.

Según su experiencia, en las zonas cercanas al corredor persisten altos niveles de anemia y desnutrición, así como un bajo nivel educativo y escasa capacidad productiva, por lo que es comprensible que los pueblos demanden cada vez más dinero a las empresas mineras para resolver sus problemas, e incluso lleguen a escenarios de conflictos, ante el olvido del Gobierno central.