Guillermo Shinno, gerente general de Compañía Minera Apumayo, sostuvo que quiere aclarar “algunas versiones” con respecto a su operación minera en la región de Ayacucho. Shinno dijo que Apumayo, así como Hochschild y todas las demás minas formales del país, cuenta con todos los permisos legales para realizar su actividad, así como los permisos ambientales del Senace y los de construcción y funcionamiento del Ministerio de Energía y Minas. 

“Por lo tanto es incorrecto y falso lo que ha afirmado ayer el viceministro de Minas y la premier”, dijo. “Estamos de acuerdo con las protestas, pero lo que sucedió en nuestra unidad minera no fue una protesta sino actos vandálicos”, recordó el ejecutivo.

Shinno recordó que Apumayo ha sido blanco de un ataque en el que quemaron su campamento y dañaron otros equipos a fines de octubre. El ejecutivo mostró su sorpresa al leer el último punto del acuerdo firmado ayer por la premier Vásquez, en el que se anuncia que “se coordinará con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el acompañamiento a los líderes y dirigentes sociales inmersos en procesos de investigación y denuncias penales por casos de protesta social”.

Dijo Shinno que espera que se investigue y se sancione a los responsables de acuerdo a ley porque han puesto en riesgo “la vida de nuestros trabajadores y las instalaciones” de la empresa. También dijo que tienen intenciones de seguir con su actividad minera pues tienen planes de expansión y además “ejerceremos todos nuestros derechos, y si hay que acudir a instancias judiciales, lo haremos”.

Ante lo manifestado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, de iniciar negociaciones para “el retiro y cierre” de cuatro minas ubicadas en la región de Ayacucho, la minera Apumayo, que opera en la zona, ha manifestado su sorpresa dado que su actividad “cuenta con todos los permisos exigidos por las autoridades nacionales”.

La empresa solicita al Gobierno las “garantías jurídicas” para establecer “canales de comunicación responsables que permitan una mesa de diálogo objetiva”. “Apumayo es una empresa responsable que siempre ha regido su actividad dentro de los estándares de calidad, seguridad y protección ambiental que la ley peruana exige”, reza el comunicado de la empresa.

La empresa además manifiesta su “profunda preocupación” con la “delicada situación de más de 3.000 colaboradores peruanos que, de manera directa e indirecta, están viendo vulnerados sus derechos fundamentales al libre trabajo y a la fuente de sostenimiento de sus familias”.

La minera reportó a fines de octubre que han sido muchas las “pérdidas materiales en maquinarias, equipos mineros, bienes, edificaciones e instalaciones”. También denunciaron públicamente el robo de material explosivo, hecho que ha causado en las altas esferas de la compañía “profunda preocupación sobre su destino y uso final”.