La empresa española Enagás recurrirá al arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para intentar recuperar una inversión de US$ 511 millones, tras la cancelación del proyecto Gasoducto del Sur (GSP). La compañía dedicada al transporte de gas comunicó que agotó los plazos para solucionar la controversia luego de que el Gobierno finalizase el contrato del GSP con Odebrecht, en febrero del año pasado.

Enagás fue uno de los socios de Odebrecht y Graña y Montero para el desarrollo del proyecto GSP.

“El transcurso de los seis meses de trato directo, previos al arbitraje, sin que haya sido posible llegar a un arreglo amistoso sobre la controversia existente ha motivado la decisión de la Sociedad (Enagás) de iniciar el arbitraje internacional”, indica un comunicado al portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Enagás aseguró a este a El Comercio que el monto involucrado en la demanda solo incluye la inversión en el megaproyecto, y no otros aspectos como intereses o lucro cesante.

En la misiva, en un tono conciliador, la empresa Enagás dijo que “sigue confiando en alcanzar un acuerdo que ponga término al procedimiento arbitral que hoy se inicia y para ello se pone a disposición del Estado Peruano para iniciar los contactos necesarios encaminados a alcanzar un arreglo amistoso”. Este proceso es el segundo arbitraje internacional que se solicita contra el Estado Peruano este año. El primer pedido lo realizó Andino Investment Holding como parte de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi.

Enagás fue uno de los socios de Odebrecht y Graña y Montero para el desarrollo del proyecto GSP. El consorcio no fue capaz de lograr el cierre financiero para desarrollarlo.