El próximo 27 de setiembre se cumplirán dos años de la suscripción del Acuerdo de Escazú, firmado por el Ministerio del Ambiente (Minam) del Perú. Pero el acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso de la República para que entre en vigencia, sin embargo, su debate genera opiniones diametralmente opuestas.

Para el abogado y constitucionalista Ángel Delgado Silva, su aprobación traerá consecuencias desfavorables para el desarrollo del país y echaría por tierra la legislación ambiental trabajada durante varias décadas. Recordó,  durante su participación en una conferencia virtual organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que hace poco se cumplieron 30 años de la implementación del Código del Medio Ambiente, la primera norma referida a la protección de los recursos naturales en el país.  

“Luego vino la suscripción de la Declaración de Río en 1992, pero a partir de 1990 el Perú se ha ido dotando de una legislación sumamente importante y de vanguardia en materia medio ambiental que la colocó entre los primeros países del mundo. Tenemos la Ley General del Ambiente, que es muy amplia, y partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) se creó el Ministerio del Ambiente y un organismo de fiscalización (OEFA), además existe la Ley de Transparencia y de Consulta Previa”, reseñó el jurista Delgado. “Por eso considero que Escazú marca una ruptura y deja de lado el derecho peruano. ¿si ya tenemos legislación reconocida internacionalmente, por qué tenemos que adoptar otras?”

Precisó que los derechos de información y participación han sido “desnaturalizados con el acuerdo” y se convierten en “un obstáculo para llevar a cabo cualquier emprendimiento o proyecto de desarrollo ligado a los recursos naturales”. “Se dijo que solo vinculaba a la Amazonía, pero abarca a todo el Perú respecto a la explotación de recursos mineros, al uso de fuentes de agua, incluso al mar porque el convenio establece regulaciones que pueden no convenir al interés nacional”, subrayó.

Ángel Delgado Silva indicó que además podría derogar la Ley de Consulta Previa, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permitía a los pueblos naturales recurrir a ese derecho: “Pero lo deja de lado y no es necesario ser de un pueblo originario para oponerse a un proyecto que se desarrolle en cualquier parte del país, eso le permite a cualquiera, como las ONG, frenar las inversiones”.

Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, el acuerdo no resuelve ningún problema de fondo y tampoco resulta equitativo, por el contrario considera que somete al país y minimiza la normativa nacional. Gálvez destacó que a la fecha ninguno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) suscribió el acuerdo, principalmente aquellos con los que compite el Perú en América Latina como México, Chile y Colombia. 

“Solo lo ratificaron Antigua y Barbados, Bolivia, El Salvador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas que tienen condiciones completamente distinta al Perú que sí depende de sus recursos naturales y actualmente tiene mucho potencial”, remarcó.

Por su parte, el abogado especialista en temas mineros Hans Flury refirió que Escazú resulta conveniente para muy pocos y que no debería ser promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Si se fusionan las palabras medio ambiente y derechos humanos pareciera que nadie puede oponerse a una cosa así, afortunadamente nuestra legislación evidencia que siempre importó el medio ambiente y la participación ciudadana, pero las ONG llevaron a la Cepal para darle peso a esta aprobación que tiene una suerte de democracia al revés donde los pequeñitos quieren imponerse a los demás”, dijo.

Además, mostró su preocupación ya que su la ratificación del acuerdo sería “fatal” para el Perú y para toda inversión. “Sería difícil que el congreso rechace su aprobación o ponga condiciones a esta ratificación que ocasionaría muchos problemas”, lamentó Flury.

“Cuando hablamos sobre el Acuerdo de Escazú, nos referimos a los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Es decir, los derechos fundamentales, que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales”, sostuvo la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El 27 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ministra del Ambiente del Perú junto con otros representantes de Estado de 13 países de América Latina y el Caribe suscribieron el Acuerdo de Escazú.

Horas antes, la ministra comunicaba al país a través de un video, que este acuerdo traería oportunidades a la región y al Perú para fortalecer los vínculos entre los países para trabajar para el ambiente y la sociedad.