Para cierto sector de la izquierda peruana que no conoce el sector de hidrocarburos, Bolivia es un país que debe ser imitado. Para los entendidos que lo han estudiado, es una mala idea pues a largo plazo y “el largo plazo llega más rápido de lo que uno espera”, los platos rotos lo pagarán las futuras generaciones. Mauricio Medinaceli, el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, esclareció en la conferencia virtual Perú Energía Bicentenario, organizada por Prensa Grupo. que hoy su país exporta gas natural a Argentina y Brasil, y que de seguir así las cosas, dejará de hacerlo más pronto que tarde. Ya la carga fiscal para los hidrocarburos en Bolivia era muy alta antes de la llegada de Evo Morales al poder. Tras su llegada, la carga fiscal aumentó en un contexto de precios récord de los hidrocarburos pues el barril superaba los US$100 en 2015 para luego caer precipitadamente a niveles por debajo de los US$30. Hoy ronda los US$80 pero todos en el sector saben que el mercado del petróleo es volátil.

Mauricio Medinaceli ha seguido de cerca el fenómeno boliviano y sostiene que su modelo “solo funciona con volúmenes altos [de producción] y precios altos [de los hidrocarburos]. En ese contexto, los operadores privados se quedaron en Bolivia pero cosechando [extrayendo] y no sembrando [explorando]”. La caída del precio del petróleo ahuyentó las inversiones en la mayoría de países y el problema se acentuó en aquellos con mayores cargas fiscales como Bolivia, país en el que la exploración petrolera, esencial para reemplazar las reservas que consume el país, no ha herborizado. Si antes Bolivia producía 60 millones de pies cúbicos de gas natural, hoy su producción ha declinado hasta los 45 millones de pies cúbicos y las perspectivas son negativas. “Lo más probable es que la capacidad boliviana de exportar gas a Argentina termine en 2033 y a brasil, en 2040, o acaso antes”, avizora Medinaceli. “Quiero destacar que el modelo con una participación de mercado gubernamental de los más altos del mundo funcionó con precios mayores a los US$100 por barril y eso hizo que los operadores se enfocarán en la explotacion y no la exploracion”.

En 2018 Bolivia pagó una multa de más de US$100 millones a Brail por el incumplimiento en el envío de gas, y en 2019 gestionó una adenda al contrato con Brasil de disminución de volúmenes de entrega. En 2020 llevó a cabo una negociación de reducción de envíos de gas parecida con Argentina. A diferencia de Bolivia, dijo Mauricio Medinaceli, el Perú tiene un sistema institucional que es visto como sólido desde fuera: la tríada Osinergmin, Petroperú y Perupetro son independientes, a diferencia de Bolivia, en la que existe solo “una institución que controla todo”. “Si el Perú puede mantener la independencia de estas instituciones, tendrán ganancias”. “Bolivia ya está en crisis desde el 2014 pues cae la producción, pagamos multas por incumplimiento y el agotamiento de nuestras reservas es paulatino. El largo plazo llega más rapido de lo que uno espera”, añadió.

PERÚ Y SU CARGA FISCAL

Ha sido estudiado hasta el hartazgo e ignorado en la misma por los políticos de la región: una carga fiscal desmedida solo genera pérdida de competitividad. Un estudio del BID sostiene que la carga fiscal (government take) para la industria de hidrocarburos en Latinoamérica promedia el 50% pero algunos lotes en el Perú deben subsistir con cargas de hasta el 90%, dijo Arturo Vásquez, director de investigación de la Escuela de Postgrado GERENS, en la conferencia virtual Perú Energía Bicentenario, organizada por Prensa Grupo. “Y Camisea lidia con una carga fiscal del 65%, pero esta aumentará porque los costos de operación aumentarán, y se proyecta que la carga llegará al 75% porque el yacimiento se agota y el Lote 88 ha llegado a la mitad de su vida”. Estos números complican demasiado la tarea de Perupetro de atraer nuevas inversiones al mercado local, cuando tiene en la otra acera industrias como Colombia, con cargas fiscales más razonables y, sobre todo, con mucha más infraestructura petrolera, que le dan un respiro a los costos de producción.

Y a pesar de estas dificultades, a pesar de ser casi una industria zombie, que sobrevive en automático, las petroleras, según cálculos de una investigación de Arturo Vásquez, desde 2002 al 2021, han contribuido con cerca de S/47,000 millones de recaudación por impuesto a la renta y otros tributos, y en regalías, entre esos mismos años, se proyecta una recaudación de S/55,800 millones. Ahora bien, el Estado peruano ha transferido a las regiones, entre 1991 y 2020, unos S/47,120 millones por canon. En 1991, el canon por hidrocarburos que recibieron las regiones alcanzó los S/44 millones; en su pico, en 2014, superó los S/4,000 millones. Para este año se espera distribuir poco más de S/1,000 millones. Pero insiste en que el país “necesita una carga fiscal competitiva, más infraestructura y un nuevo pacto con las comunidades nativas que reclaman de forma justa haber sido abandonadas por el Estado”. En el Perú, más de la mitad de sus contratos petroleros están en fuerza mayor.

REVERTIR LA SITUACIÓN EN ECUADOR

Por lo común, en épocas de precios bajos del petróleo, los gobiernos suelen convocar a las empresas privadas a invertir en sus países, y cuando los precios suben hasta las nubes, el discurso de la nacionalización cobra protagonismo. Esto ha pasado en varias ocasiones en Ecuador, contó Andrés Donoso, consultor y abogado especializado en Oil & Gas de este país. “El modelo de Ecuador está relacionado con el precio del petróleo, en tiempos de precios bajos, hay apertura a las privadas, y cuando sube, se ha favorecido los modelos de prestaciones de servicios, y esta ha sido una pugna a lo largo de más de 60 años en Ecuador”. 

El 2006 es un año de quiebre pues si antes el 70% de la producción de petróleo estaba en manos de privados, seis años después pasó a ser el Estado ecuatoriano el que, con Petroamazonas, tendría ese porcentaje. Pero hay un detalle que suele pasarse por alto. Según Andrés Donoso, cuando esto aconteció, sucede que Petroamazonas no tenía la capacidad ni financiera ni técnica para incrementar la producción. Ahora, en la era del presidente Guillermo Lasso, Ecuador busca “revertir esta situación”, dijo Donoso, para que “regresen las privadas pues es innecesario maltratar a la inversión privada”. “Me encantaría decirles que Petroamazonas es gestionada como una empresa, pero sería falso, es manejada como una dependencia del Ministerio de Economía de Ecuador”.

UN DRAMA VENEZOLANO

El ejemplo más dramático de cómo hacer mal las cosas en el ámbito petrolero es Venezuela, país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y las séptimas en gas natural, “pero también la más drástica y prolongada caída en la producción petrolera del planeta”, dijo Sheraldine Pinto, profesora de la Universidad Central de Venezuela y directora de Transacciones Internacionales Entraconsulting. La producción petrolera venezolana promediará este año poco más de 400,000 barriles diarios, niveles similares a los de 1943. Venezuela, en materia de producción de crudo, ha retrocedido 60 años. Como en Ecuador y Bolivia, en Venezuela también sucedió lo mismo, solo que con más ganas y más ideología política: nacionalización de empresas cuando los precios son altos y apertura a las privadas cuando son bajos. La producción petrolera venezolana alcanzó un pico histórico de 3 millones de barriles diarios en 1998. El Socialismo del Siglo XXI era un fantasma en ese entonces.

En 2006, el gobierno de Venezuela obligó a las petroleras a migrar a un nuevo esquema de empresas mixtas y con mayor presencia estatal. Todas aceptaron los nuevos términos, menos ExxonMobil y ConocoPhillips, que hicieron las maletas. Sheraldine Pinto no cree que un sistema mixto sea una mala idea, solo lo es cuando uno de los socios no entiende que así como comparte las ganancias, también debe compartir los riesgos. “Cuando existe una empresa mixta, el Estado participa en la inversión pero Venezuela no lo hacía”, dijo. “Hoy todos los países buscan atraer inversión petrolera antes de que no pueda extraerse porque todos están poniendo la mira en la transición energética”. Le causa risa a Sheraldine Pinto escuchar aquí o allá a la fauna política latinoamericana hablar de “nacionalización de recursos” cuando estos ya son del Estado pues este es el que concede el permiso de explotación y concesión. Pero le causa también temor que, cuando se hable de nacionalización, no se hagan las preguntas correctas: ¿tiene el Estado la capacidad financiera y el recurso técnico no solo para explotar, sino para explorar e invertir y reinvertir en los campos petroleros? ¿Ha llegado a la conclusión de que eso es beneficio y que destinará recursos a otro ámbito e irremediablemente tendrá que desatender otros? “No nos enfoquemos en obtener mayores ganancias inmediatas, que es lo que hacen los países menos competitivos”, recomienda.