“Para nosotros, la recuperación de la confianza de los ciudadanos en los EIA es una prioridad, no es fácil y de hecho, en un país como el nuestro, donde existen grandes brechas socioeconómicas, es una tarea compleja”, explica Alberto Martín Barandiarán, presidente de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. Esta entrevista aparece en la edición 84 de la revista Energiminas.

Ningún gran proyecto de inversión en el Perú puede ser ejecutado sin antes pasar por el tamiz del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Su tarea es garantizar que el plan de inversión aprobado cumpla con la norma ambiental vigente en el país. Cuando el Senace aprueba un proyecto, implica que este, ambientalmente, cumple con los requisitos legales exigidos por el Estado peruano; cuando es rechazado, está comunicando que el proyecto cojea en algún ángulo ambiental. El Senace es un estricto filtro y ha ganado notoriedad con los años pues, además de una rica fuente para los periodistas del sector de energía y minas, actúa con transparencia. Suele colgar en su web todos los proyectos que revisa. Su estrategia tiene un fin: recuperar la confianza de la población en los procedimientos técnicos. A la cabeza de esta entidad está Alberto Martín Barandiarán, quien explica en esta conversación a través del correo electrónico los alcances, límites, falencias y logros del Senace. 

¿Cuál es el balance que, como presidente del Senace, hace del 2020 en cuanto a expedientes aprobados y relacionados con los estudios de impacto ambiental, y qué esperan conseguir en 2021?

En el 2020, hemos aprobado 203 expedientes, entre ellos 12 EIA-d y MEIA-d y 21 Planes de Participación Ciudadana  (PPC), lo que implica aproximadamente US$ 21,000 millones de inversión para nuestro país. Además, debido a la pandemia, hemos adaptado los mecanismos de participación ciudadana a espacios no presenciales y realizamos 17 talleres y 5 audiencias públicas de modo virtual. 

En el Senace continuamos con la implementación de la política de cero papel, es decir, que todas nuestras labores las realizamos a través de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA).  Por esa razón, mediante el trabajo remoto, seguimos evaluando los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) que incluyen Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Modificatoria de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), Informe Técnico Sustentatorio (ITS), Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO), entre otros procedimientos. También pusimos a disposición de los ciudadanos la plataforma virtual Senace TV, un espacio informativo donde podrán acceder, en cualquier momento, a los talleres y audiencias públicas vinculadas a los grandes proyectos de inversión en el país. 

Para el 2021, seguiremos atendiendo las solicitudes de evaluación de los IGA dentro de los plazos establecidos, con participación ciudadana efectiva e intercultural. Además, continuaremos trabajando en la implementación del Plan de Modernización Institucional, Gestión del Conocimiento, Sistema Matricial, Gestión de Proyectos, el fortalecimiento de EVA, mantener las certificaciones obtenidas del ISO 37001 y la Carta de Servicios para la Atención de Usuarios, y la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana en el contexto actual. Nuestra finalidad es seguir brindando un servicio eficiente y de calidad en la certificación ambiental. 

Desde el inicio de actividades del Senace, en 2015, la entidad ha evaluado a la fecha un total de 1,649 expedientes. ¿Usted diría que la contribución del Senace al país, económica, social y ambientalmente, ha sido positiva a la fecha o no? ¿Por qué?

Por supuesto que nuestra contribución al país ha sido positiva. Nuestra entidad, al ser un organismo técnico especializado, fundamenta sus decisiones bajo un exhaustivo rigor técnico, objetivo, imparcial y de calidad en la evaluación de la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión. Además, durante este proceso desarrollamos acciones para promover la participación ciudadana efectiva, para que las personas se informen en detalle sobre el proyecto, remitan sus aportes y observaciones a los estudios ambientales, y así reducir el nivel de conflictividad socio ambiental.

¿El Senace participa en todo el ciclo de vida del proyecto de inversión?

Nosotros participamos en una etapa del ciclo de vida de los proyectos de inversión, sean de carácter público o de iniciativa privada; es decir, cuando el estudio se encuentra a nivel de factibilidad y los titulares de los proyectos nos solicitan evaluar su viabilidad ambiental, el cual se debe gestionar antes de la aprobación de los estudios definitivos que permitan su posterior ejecución. 

Para evitar confusiones, señor Barandiarán, ¿qué específicamente garantiza el Senace cuando aprueba, por ejemplo, un EIA?

El Senace se encuentra en la capacidad de garantizar que el estudio aprobado se evaluó en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y bajo criterios técnicos rigurosos; por tanto, podemos asegurar que todo estudio aprobado por el Senace cuenta con las medidas de manejo ambiental idóneas, que la población local haya sido debidamente informada y se hayan generado los espacios para una participación ciudadana que correspondan. Con esto logramos que el EIA sea un instrumento de gestión ambiental con calidad técnica, y que durante el procedimiento se haya garantizado la transparencia, objetividad, rigurosidad y participación ciudadana efectiva.

¿Cree usted que la falta de confianza de los ciudadanos en el proceso de evaluación ambiental es una tarea urgente del Senace? ¿Qué hace el Senace frente a ello?

Para nosotros, la recuperación de la confianza de los ciudadanos en los EIA es una prioridad, no es fácil y de hecho, en un país como el nuestro, donde existen grandes brechas socioeconómicas, es una tarea compleja. Nuestro trabajo además de evaluar los EIA, está enfocado justamente en recuperar la confianza en las decisiones del Estado. Para este fin, nuestra información es accesible y transparente desde el momento que ingresa un estudio para su evaluación, la cual se encuentra a disposición de la ciudadanía a través de nuestra plataforma EVA. 

Asimismo, implementamos estrategias de gestión social para informar a las autoridades y ciudadanos sobre nuestras funciones y cómo pueden participar en los procesos de certificación ambiental. Para ello, se desarrollan acciones claves como la avanzada social, prevención de riesgos sociales, reuniones informativas o focalizadas. Además, venimos desarrollando la Agenda Indígena del Senace que involucra a organizaciones nacionales y locales de los pueblos indígenas; realizamos acciones de articulación regional, capacitaciones, entre otros.    

Es importante mencionar que nuestra entidad cuenta con el Certificado ISO 37001 Antisoborno, que contiene medidas que todo nuestro personal debe cumplir, a fin de reducir riesgos asociados a malas prácticas. Cabe destacar que de los EIA-d evaluados por el Senace, correspondientes a nuevos proyectos de inversión, ninguno se encuentra identificado en el listado de conflictos elaborado por la Defensoría del Pueblo.

Algunos detractores del Senace sostienen que son una entidad muy flexible y que “aprueban todo” y que lo que suelen afirmar las empresas en materia ambiental es solo un saludo a la bandera y al final no cumplen con nada de lo que revelan en los expedientes técnicos. En otras palabras, afirman que el Senace no hace su tarea y que las inversiones sostenibles no son sostenibles en realidad. ¿Qué diría al respecto, señor Barandiarán, sobre estas críticas? ¿Tienen fundamentos?

Es parte de la desconfianza de los diversos grupos de interés y los entendemos; sin embargo, es oportuno precisar que en el 2020, un 71% de los estudios evaluados por el Senace han sido aprobados; el 29% restante, han sido resueltos como desaprobados, no conformes, desistidos, improcedentes o no presentados. Asimismo, debemos precisar que la certificación ambiental implica que el titular cumpla con todas las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. La verificación del cumplimiento de dichas obligaciones es tarea de la entidad fiscalizadora. 

Hace poco anunciaron que Perú, Chile y Colombia trabajan en el fortalecimiento de acciones de cooperación en evaluación ambiental. ¿En qué diría usted que Chile y Colombia nos llevan ventaja y en qué nosotros a ellos en cuanto a evaluaciones ambientales, por supuesto?

Con Chile tenemos un Programa de Cooperación Binacional con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que inició en octubre del 2019, en el marco del Gabinete Binacional de Ministros de ambos países. Con Colombia venimos ejecutando desde julio del 2020 un proyecto de desarrollo de competencias, en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica con dicho país, siendo nuestra contraparte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En ambas iniciativas llevamos a cabo diferentes actividades de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, que contribuyen a fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las tres entidades, para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión. 

En general, los tres países tenemos avances similares en los procesos de evaluación ambiental, con algunas diferencias particulares propias del marco institucional de cada país. Por ejemplo, en Colombia la información de la línea base es la que proporciona el propio Estado a través de sus institutos de investigación, no dependiendo únicamente de la información que presenta el titular de un proyecto de inversión. Chile viene trabajando de forma similar en los temas de evaluación, haciendo énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos. Además, vienen realizando la evaluación enfocada a un área de influencia sin hacer distinción de área directa e indirecta como lo tiene nuestro modelo. En Perú, el Senace, a su vez, viene trabajando en los aspectos sociales que complementan y fortalecen la transparencia en los procesos de evaluación ambiental, como son las avanzadas sociales y las articulaciones regionales. Asimismo, se han elaborado criterios y pautas internas para la evaluación de la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana en el contexto de pandemia; en tanto que, se viene fortaleciendo el acompañamiento de la línea base durante la etapa de elaboración de los estudios ambientales. Como se puede apreciar, estas actividades que se vienen desarrollando en el marco de la colaboración mutua, benefician de manera equitativa a los tres países.

Las consultoras ambientales alegan que los criterios técnicos de evaluación del Senace sobre un proyecto cualquiera suelen variar dependiendo de quién esté a cargo de su análisis, por ejemplo: un proyecto puede avanzar un paso y retroceder dos porque los criterios de análisis del personal del Senace no son los mismos siempre. ¿Es que no existe un criterio común en la entidad para evaluar los proyectos o esta información es errada? ¿Por qué?

Dicha información no es correcta, nosotros trabajamos con base en la evaluación de las características de un proyecto donde participan los opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes; además contamos con guías, manuales, lineamientos y las normas legales que estandarizan y respaldan nuestras decisiones, bajo un exhaustivo rigor técnico, objetivo, imparcial y de calidad. 

A propósito, ¿qué piensa usted de las normas ambientales en el Perú en general? ¿Deberían ser estas más estrictas? ¿Deberían ser más flexibles?

Las normas ambientales están vinculadas a tratados internacionales suscritos por nuestro país y nosotros en el quehacer laboral nos encargamos de su cumplimiento. 

¿Actualmente qué proyectos importantes en términos de inversión evalúa el Senace y para cuándo más o menos tendremos noticias de su conformidad o desistimiento?

Para nosotros todos los proyectos que ingresan para su evaluación son importantes sin excepción porque generan desarrollo y empleo. El detalle se puede encontrar en el Tablero de Control y el GeoSenace de nuestra página web, estos proyectos se evalúan en base a los plazos establecidos en las normas sectoriales.

Quellaveco y Mina Justa avanzan, pero Ampliación Toromocho espera aún una aprobación a una modificación para continuar con su proyecto. ¿Tiene idea de cuánto tiempo más deberán esperar o aún hay observaciones que la empresa debe subsanar?

La modificación del EIA de la UM Toromocho es un proyecto que se encuentra en la etapa avanzada del procedimiento de evaluación, es decir, según la normativa ya se emitió el informe técnico complementario, con lo cual tanto el Senace como la ANA se encuentran revisando el levantamiento de la información complementaria que presentó el titular para poder emitir su pronunciamiento final.

Por cierto, ¿qué opinión le merecen los estudios técnicos que las empresas presentan al Senace? Porque se culpa a la entidad de demoras, pero acaso ¿no será que también las empresas elaboran muy mal sus estudios y, por tanto, de allí la prolongación de los plazos?

Los titulares de los proyectos eligen a las consultoras ambientales para que elaboren sus estudios, y para ello, estas deben encontrarse inscritas en el registro de consultoras que administra el Senace. Es importante mencionar que cada proyecto tiene sus particularidades; sin embargo, entendemos que todos los titulares y sus consultoras hacen sus mayores esfuerzos para elaborar buenos estudios; no obstante, la labor del Senace es revisar minuciosa y técnicamente todos los expedientes de evaluación y en función a ello, realizar las observaciones que correspondan. Debemos resaltar que contamos con indicadores de desempeño de consultoras ambientales, los mismos que se encuentran en proceso de actualización, a partir de la experiencia adquirida durante los últimos años. Con ello, apuntamos a que los titulares de los proyectos cuenten con una mayor información sobre el desempeño de las consultoras ambientales respecto de los estudios que presentan al Senace.

Con respecto a los talleres de participación ciudadana, ¿se evalúa en el Senace, dada la coyuntura, intensificar el uso de tecnologías virtuales para acelerar los procedimientos?

En el contexto de la emergencia nacional por el covid-19, el gobierno emitió el Decreto Legislativo N° 1500, que en su artículo sexto establece las medidas para que los mecanismos de participación ciudadana se adecúen en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas. Con ello, pueden adaptarse a medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible y así lo determine la autoridad competente. Cabe señalar que esta medida no busca acelerar los procedimientos sino garantizar la continuidad de la participación ciudadana efectiva, según los plazos establecidos en la normativa aplicable. 

¿Los talleres de participación ciudadana virtuales que ha llevado a cabo el Senace han tenido resultados positivos comparándolos con los convencionales o adversos?

Durante el 2020, se realizaron 17 talleres y 5 audiencias públicas virtuales, con los cuales se ha logrado la difusión de los estudios ambientales y la adecuada implementación de los planes de participación ciudadana. En todo momento nos hemos preocupado por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y sus autoridades a una participación ciudadana efectiva.

Una autocrítica: ¿qué debería mejorar en el Senace?

En el marco del DS N° 006-2015-MINAM que aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, desde el 2018 a la fecha tenemos cuatro comisiones instaladas; sin embargo, estas no han podido ser culminadas debido a que los sectores no cuentan con clasificación anticipada, términos de referencia comunes, etc. En ese sentido, como autocrítica, vamos a reforzar el trabajo con los sectores en la comprensión del modelo de organización del Senace, para lograr cerrar temas como la transferencia de recursos económicos que permiten garantizar el correcto ejercicio de las funciones a ser transferidas.