Por José  Farfán Estrada, exdirector de la Dirección General de Formalización Minera del Minem

En tiempos de pandemia, se debe priorizar su formalización y promoción. En la coyuntura actual de crisis en el sistema sanitario y crisis económica por los efectos de la pandemia COVID-19, el país necesita actividades productivas que reimpulsen la minería, en especial la de pequeña escala, que es muy intensiva en mano de obra y dinamiza a ciudades y distritos alejados de nuestro país.

El oro es el mineral casi exclusivo de explotación por parte de la minería a pequeña escala (MAPE). De acuerdo con las estadísticas del World Gold Council en el año 2018, el Perú tuvo una producción de 158 toneladas y, según lo señalado por el economista Elmer Cuba, con cálculos preliminares de Macroconsult, la producción informal de oro llegó al 29% del total formal en el 2018. Es decir, aproximadamente cincuenta toneladas podrían haber sido la exportación de la MAPE durante el 2018, lo que representa aproximadamente US$ 2.000 millones anuales; esto lo convierte en el tercer rubro de exportación después del cobre y del oro de la gran minería.

La minería a pequeña escala se caracteriza mayoritariamente por su informalidad. No obstante, como toda actividad de este tipo, tiene la capacidad de generar riqueza y desarrollo en los pueblos más alejados del país. Hugo Ñopo, respecto a la informalidad, señala que “aunque se llevaran los costos a cero, hay unos problemas de complejidad de las normas y desconfianza frente a las autoridades que hacen poco viable la formalidad”. Esa desconfianza se pone de manifiesto con instituciones como la Sunat, que no promueve de manera amigable el pago de impuestos. La MAPE presenta mucha informalidad pero la coyuntura de buenos precios del oro y la necesidad de miles de personas por trabajar en minería representa una gran oportunidad para la formalización.

Se dice que existen 400.000 mineros a pequeña escala. Es un dato que es creíble, pero que no quiere decir que existan 400.000 unidades mineras, sino trabajadores u operadores mineros que “no ejercen dominio o titularidad de una unidad minera”. Buena parte de ellos están inscritos en el Registro de Formalización (Reinfo) del Minem, en el cual inicialmente había 100.000 personas, y que a la fecha registra casi 50.000 inscritos sin ninguna clasificación entre ellas. En el 2012 se admitieron inscripciones sin ninguna información técnica mínima sobre la unidad de producción, solamente, como dijo el exministro Pulgar Vidal, con la firma y huella digital del solicitante. Este hecho sigue generando falsas expectativas y total desconocimiento del verdadero minero en actividad.

Lo único claro es que nunca podrían existir más de 5.000 unidades mineras de la MAPE que cuenten con un instrumento ambiental, expediente técnico, permiso de uso de agua, además del título o contrato de una concesión minera. De acuerdo a este concepto, actualmente existen 1.550 personas naturales y jurídicas formalizadas del Reinfo (régimen extraordinario) y aproximadamente 500 que derivan de la Ley 27651 (régimen ordinario). Se requiere una clasificación dentro del Reinfo, no para excluir a personas sino para determinar las características de cada una de ellas.

La comercialización de oro en la MAPE es hoy un problema apremiante por la falta de claridad en las disposiciones del Reinfo. A raíz de ello, comercializa quien no tiene unidad minera pero sí cuenta con RUC y registro en el Reinfo (se le denomina habitualmente “facturador”), y no el productor minero por temor al decomiso de su producción por parte de la Policía y a la fiscalización de la Sunat lo cual termina distorsionando la trazabilidad del mineral. El problema se agudiza más aún por el Recpo (Registro de Comercializadores y Productores de Oro), administrado por el Minem, que no tiene ningún filtro, que impide conocer si el comercializador cuenta con capital, si tiene local establecido. Por tal motivo, es de suma urgencia reglamentar el Recpo, fijar un protocolo de comercialización e incluir un capítulo referido a la joyería nacional.

La trazabilidad del mercurio, el combustible y los explosivos respectivamente, son un gran problema. Nadie en el país sabe a ciencia cierta el consumo de estos tres insumos de la MAPE. En estas condiciones, cumplir con los objetivos del Convenio de Minamata resulta difícil de alcanzar. Se presume que la MAPE consume anualmente a nivel nacional 360 toneladas de mercurio según Artisanal Gold Council (AGC) o  150 toneladas según Planet Gold. De este consumo no se registra ni el 2% en la Sunat. Es ineludible una acción concertada del Estado para trazar los insumos y evitar el mercado negro.

Los formales no son objeto de seguimiento o apoyo técnico y tributario, tampoco existe un registro nacional de mineros MAPE formales. Es indispensable respaldar al minero formal, para que no recaiga en la informalidad o, peor aún, en la ilegalidad. Se requiere crear un registro de formales a nivel nacional a cargo del Minem potenciado por los Gobiernos Regionales. Con la puesta en marcha de estas propuestas se puede ejercer control de la actividad de la MAPE y promover su sostenimiento en la formalidad.

*Esta columna aparece en la edición Nº80 de la revista Energiminas.