Sandra Guzmán, vocera de varias asociaciones de comerciantes, y Reiner Cruz, representante del rubro de restaurantes y hospedajes, ambos del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac, exigieron al Gobierno solucionar el conflicto social que mantiene paralizada por casi 50 días las actividades de Las Bambas. Explicaron que este jueves realizarán una marcha de protesta por la inacción del Gobierno.

«Estamos presentes acá las asociaciones de hoteles, restaurantes, lavanderías, transportes y servicios generales y otros, además de emprendedores independientes. Han transcurrido casi dos meses de paralización, hemos esperado que el Estado tenga la capacidad para ser el garante entre la empresa minera Las Bambas y las comunidades afectadas, y, sin embargo, no ha habido un tema de prevención de políticas y experiencias de conflictos sociales», dijo Guzmán en declaraciones a Red de Comunicación Regional.

Remarcó que están exigiendo al Estado que asuma su rol mediador y busque una solución inmediata y sostenible al conflicto, porque la paralización está afectando la economía de las asociaciones y de miles de familias. «Todos trabajan directa e indirectamente con el sector minero, no solo las asociaciones, sino también el sector público, las municipalidades distritales y provinciales. Incluso también afecta la economía nacional», precisó.

Consideró que es una falsa de respeto y una burla a la provincia de Cotabambas que el Estado no esté presente en Challhuahuacho para solucionar el problema. «Castillo y su plana de distintas carteras ministeriales está en Apurímac, en Andahuaylas. Está en Cusco y Amazonas, pero no se hacen presentes en Challhuahuacho. No le están dando la debida importancia y nosotros tenemos un itinerario», declaró.

Destacó que el Gobierno debe hacer cumplir el decreto supremo 005-2016-PCM, en el que el Estado peruano declara de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. «La economía de las asociaciones, que son los proveedores de distintos servicios, está al 100% paralizada. Cada emprendedor puede tener de 30 a 80 trabajadores, que son el sustento de familias», observó.

Informó que en Challhuahuacho existen 25 asociaciones de diferentes rubros y alrededor de 50 emprendedores y empresarios independientes. «Un aproximado de 1,500 asociados se están viendo perjudicados. Eso multipliquemos por todas las familias que dependen de este de este tema y las planillas que se debe a los trabajadores. En este momento las actividades están paralizadas efectivamente al 100%», explicó, siempre según RCR.

Por su parte, Cruz indicó que el gobierno de Pedro Castillo no entiende que el Perú es un país eminentemente minero. «El Gobierno no le está poniendo el punche necesario, los mecanismos necesarios para tener una minería eficaz en nuestro país. Por ejemplo, Chile ha avanzado bastante en eso, no tiene ese tipo de problemas, entonces toda la responsabilidad recae en el Estado peruano que, teniendo entes como el Ministerio de Energía y Minas, y la PCM, que tienen oficinas para el cumplimiento de compromisos sociales y para la resolución de conflictos, no están activando esas oficinas», aseveró.

Enfatizó que el Estado cuenta con varias oficinas, donde trabajan en cada una un pool de profesionales, que pueden solucionar este asunto técnicamente, pero no lo hacen. “Cuándo se llevan las mesas de diálogo frente a estos problemas, pues, simplemente no vienen las personas adecuadas. Entonces no saben cómo atar y desatar. Entonces están poniendo en riesgo este toda una economía nacional, regional y local” apuntó. Precisó que son más de 50 restaurantes formalizados en Challhuahuacho los que están cerrados por la paralización de Las Bambas.