El silencio administrativo positivo como protagonista

El silencio administrativo positivo como protagonista

Por Jaime Tejada Gurmendi, subgerente legal de Asuntos Mineros de Volcan Compañía Minera

El pasado 8 de agosto fue publicado en el diario oficial El Peruano el D.S N° 020-2020-EM, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros (en adelante el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros), generando con ello la derogación del antiguo reglamento aprobado mediante el D.S N° 018-92-EM, y de todas aquellas disposiciones que se opongan a este nuevo Reglamento.

En ese sentido, después de casi veintiocho años, nos encontramos con un Reglamento de Procedimientos Mineros que tiene como uno de sus principales objetivos la unificación de todos los procedimientos administrativos vinculados a la actividad minera en una sola herramienta legal, o por lo menos de la mayoría de ellos. Asimismo, la novedad que nos trae este nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros es la adecuación a la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 

El nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros también establece la figura del silencio administrativo negativo para determinados procedimientos.

No está de más señalar que este nuevo dispositivo no considera dentro de su ámbito de aplicación a los procedimientos administrativos vinculados a la aprobación de estudios ambientales y al proceso de formalización minera.

Identificamos que dentro del ámbito de su aplicación se encuentran los procedimientos administrativos vinculados a titulación de concesiones mineras por parte del Ingemmet y los gobiernos regionales, y los demás títulos habilitantes para el desarrollo de actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero a cargo de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.  

En lo que respecta a los procedimientos administrativos de otorgamiento de concesiones mineras y otros a cargo del Ingemmet y los gobiernos regionales, punto central del presente análisis, resulta importante recordar que todos los procedimientos administrativos originalmente regulados por el D.S N° 018-92-EM se encontraban sometidos al procedimiento de evaluación previa, por lo tanto, ningún procedimiento iniciado ante ambas autoridades administrativas era de aprobación automática. 

El nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, alineado a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, introduce la figura del silencio administrativo positivo a un gran número de procedimientos bajo la competencia del Ingemmet y de los gobiernos regionales, por lo que se considerarán aprobados una vez transcurrido el plazo legal, sin pronunciamiento de la autoridad competente.  Dentro de estos procedimientos mineros sujetos a silencio administrativo positivo, relacionados a titulación de concesiones mineras y otros, encontramos los siguientes:

  • El procedimiento de constitución de Unidad Económica Administrativa o UEA (art. 55.1, 57.1), además de la inclusión y exclusión de concesiones mineras de la UEA (art. 60.1), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta (30) días hábiles.
  • El procedimiento de renuncia de área de un derecho minero o los derechos y acciones del peticionario (art. 64.1, 66.1 y 67.1, 67.4), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta (30) días hábiles para el primero y quince (15) días hábiles para el segundo.
  • El procedimiento de cambio de sustancia de no metálica a metálica (art. 68.1), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta (30) días hábiles.
  • El procedimiento para la acumulación de concesiones mineras (art. 71.1), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta y siete (37) días hábiles
  • El procedimiento de división de derecho minero (art. 73.1), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta y siete (37) días hábiles.
  • El procedimiento de constitución de sociedad legal minera por pluralidad de socios (art. 75.1), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta (30) días hábiles.
  • El procedimiento de constitución de sociedad legal minera por superposición de área (art. 77.1), cuyo plazo de evaluación previa es de treinta (30) días hábiles.

Asimismo, el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros también establece la figura del silencio administrativo negativo para determinados procedimientos, lo que implica que una vez vencido el plazo legal para la evaluación del procedimiento administrativo respectivo y cuando la autoridad competente no se haya pronunciado, se entiende denegada la petición, generando como consecuencia de ello que el administrado se encuentre facultado para interponer los recursos administrativos y las acciones judiciales que correspondan.

La decisión de aplicar el silencio administrativo negativo a ciertos procedimientos administrativos en general obedece a una situación excepcional y solamente se presentará en aquellos casos de suma importancia y cuando la decisión final de la autoridad podría afectar derechos de terceros, por ello los procedimientos sujetos a silencio administrativo negativo deben contar con el debido sustento que justifique esta condición ante la Presidencia del Consejo de Ministros, justificación que se presenta en los procedimientos mineros que veremos a continuación referidos a títulos habilitantes vinculados al aprovechamiento de minerales (recursos naturales).  

Dentro de estos procedimientos mineros sujetos al silencio administrativo negativo relacionados a titulación de concesiones mineras y otros, bajo la competencia del Ingemmet y los gobiernos regionales, encontramos los siguientes:

  • El procedimiento de presentación y trámite de petitorio minero (art. 31.1), cuyo plazo de evaluación es de treinta y siete (37) días hábiles.
  • El procedimiento de oposición de petitorios mineros (art. 112), cuyo plazo de evaluación es de sesenta y siete (67) días hábiles.
  • El procedimiento de cambio de sustancia de no metálica a metálica de derechos superpuestos a las áreas reguladas por la Ley N° 27015, Ley de otorgamiento de concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana (art.68.2), cuyo plazo de evaluación es de treinta (30) días hábiles.
  • El procedimiento de cambio de sustancia de metálica a no metálica (68.3), cuyo plazo de evaluación es de treinta (30) días hábiles.
  • El procedimiento de denuncia por internamiento (art. 69.1), cuyo plazo de evaluación previa es de noventa (90) días hábiles.
  • El procedimiento de sustitución de petitorio de concesión minera formulado por inhábil relativo (art.  70.1), cuyo plazo es de cuarenta y seis (46) días hábiles.

Vemos también que este nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros unifica en un solo cuerpo legal las competencias que tienen en común el Ingemmet y los gobiernos regionales, las cuales veíamos dispersas en dispositivos legales aplicables a los diferentes procedimientos administrativos que tienen ambas autoridades a su cargo, permitiendo al administrado recurrir a una sola herramienta legal en donde se compilan todos los procedimientos administrativos mineros, excluyendo, como ya lo hemos señalado, a los procedimientos administrativos vinculados a la aprobación de estudios ambientales y el proceso de formalización minera.

Por otro lado, debemos destacar la relevancia jurídica que brinda el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros al Sistema de Derechos Mineros y Catastro Minero (Sidemcat), al que debemos categorizar como una valiosa herramienta técnico – jurídica de información pública fundamental para la obtención de concesiones mineras, integrado por el Catastro Minero Nacional, el Pre Catastro y el Catastro de Áreas Restringidas a la actividad minera, y en donde encontramos, además, información clave de los derechos mineros e información relativa al cumplimiento del derecho de vigencia y penalidades, debido a que permite a los usuarios, administrados o inversionistas nacionales o extranjeros, acceder a información en tiempo real y de manera gratuita, favoreciendo a la seguridad jurídica en la toma de sus decisiones  y contribuyendo de esta forma a que el procedimiento administrativo minero se encuentre acorde a los principios de certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad y eficiencia.

La decisión de aplicar el silencio administrativo negativo a ciertos procedimientos administrativos en general obedece a una situación excepcional.

Este Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros obliga al Ingemmet y a los gobiernos a realizar la actualización de su Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) en lo que respecta a la identificación y los requisitos exigidos para cada uno de los procedimientos administrativos señalados en el nuevo reglamento sujetos a silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo, que esperamos se lleven a cabo de manera célere para evitar obstrucciones o dilaciones innecesarias que contradigan el espíritu de este nuevo reglamento.

Finalmente, dada la coyuntura actual, evidentemente negativa para el sector minero y la depresión económica que atraviesa nuestro país debido a las graves circunstancias generadas por el brote del covid-19 a nivel mundial, coincidimos en que la incorporación de la figura del silencio administrativo positivo a determinados procedimientos establecidos en el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros es una decisión acertada que impactará de manera positiva en la celeridad que el país necesita para recuperar la caída de su economía, toda vez que la aprobación de procedimientos administrativos mineros en los plazos legales previstos contribuye de manera directa a la reactivación de proyectos mineros y a la continuidad de las operaciones en marcha, tomando en consideración que la industria minera durante los últimos diez años, en promedio y según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, representó el 9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, el 60% del total de las exportaciones peruanas y el 20% de la recaudación por impuesto a la renta, cifras que siguen posicionando a la industria minera como la principal actividad económica del Perú.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)