El Ministerio de Energía y Minas (Minem), dirigido por el ministro Eduardo González, ha emitido un comunicado institucional en el cual afirman que la premier Mirtha Vásquez, el pasado viernes 19, en la localidad de Cora Cora, Ayacucho, “anunció el cierre definitivo de cuatro proyectos mineros que pertenecen a las empresas Apumayo, SAMi y Compañía Minera Ares, con las unidades mineras Inmaculada y Pallancata”.

Sostiene el Minem que ratifican “nuestro enfoque de acercamiento a las comunidades del entorno minero, la protección de las cuencas de agua, preservación y recuperación del medio ambiente” y que, junto con Activos Mineros, empresa estatal de remediación ambiental, “se comprometen a monitorear y supervisar el proceso de cierre de las actividades de cierre de las minas mencionadas”. 

Añaden que el Minem gestionará las visitas a las unidades mineras involucradas, “promoviendo la participación directa de las comunidades del entorno minero”.

Ayer las empresas involucradas y gremios empresariales manifestaron que el anuncio de la premier vulnera sus derechos. Representantes de las empresas y de los gremios calificaron la medida de “arbitraria” pues el proceso de  cierre de minas ha sido” anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado”.

En el Perú, el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y requiere para operar, y se actualiza en función de los nuevos descubrimientos de mineral en el tiempo. Por lo tanto, es un documento que se aprueba y se renueva periódicamente, explicaron. Pero para el Gobierno, parece que su interpretación es otra.