Por Oswaldo Tovar

*Este artículo apareció en la edición 63 de la revista Energiminas, que puede consultar en su versión electrónica aquí.

La Oroya, nacida como Callapampa y luego como “Villa de La Oroya”, fue siempre un lugar de paso. Allá por el año 1883 al finalizar la construcción del tramo de ferrocarril a Chicla-La Oroya culminó la integración logística hacia Lima, y con ello se abrió la gran oportunidad de integrar Cerro de Pasco, Morococha, Huancavelica y Yauli hacia La Oroya, pues hasta esa fecha el transporte de mineral se hacía a lomo de llamas.

Es así que la naturaleza logística de La Oroya dio paso a una gran etapa metalúrgica, pues en 1921 la Cerro de Pasco Copper Corporation decidió trasladar la fundición de Tinyahuarco hacia La Oroya debido a la adquisición de minas en Morococha y Casapalca (cercanas a Ticlio y en la ruta del ferrocarril).

Hoy por hoy, la peor alternativa es poner a los trabajadores como accionistas del CMLO.

Con el paso del tiempo, la Producción de La Oroya se convirtió fundamentalmente en Metalúrgica (no está bien dicho “minera” pues la clasificación industrial de metalurgia no corresponde a minería sino a industria-manufactura); sin embargo, el año 1997 en que se privatizó tanto el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) como la Mina Cobriza, la nueva propietaria, Doe Run Perú (DRP), solicitó por voluntad propia la firma de un Contrato de Estabilidad ante el MINEM (30/dic/1997) donde a puño y letra ofrecía “Mejorar los procesos y el medio ambiente dentro del circuito de cobre del complejo metalúrgico de La Oroya”. Es decir, esperaban “producir 72,500 toneladas de cobre refinado al año; además de instalar una planta para producir ácido sulfúrico en un volumen de 235,000 tons/año”.

Ninguna de estas ofertas fue cumplida, y no sólo ello, sino que Doe Run Perú (DRP) optó por gradualmente reducir la capacidad de tratamiento del circuito de cobre (ver gráfico). La explicación de este comportamiento es que en algún momento se tomó la decisión estratégica de no construir la planta de acido sulfúrico pues consideraban que era un “costo ambiental”, sin prever que su precio se iba a elevar tanto debido a la gran demanda de yacimientos de óxidos de cobre que lo requieren para lixiviación. Y mas bien en su lugar se decidió explotar la gran cualidad del Complejo Metalúrgico: procesar concentrados sucios (extremadamente sucios), pues en algún momento se llegó a procesar concentrado de cobre con contenido de arsénico donde más del 50% de arsénico que ingresaba al circuito provenía del extranjero.

Para información, los residuos sólidos de arsénico se almacenan bajo la forma de Trióxido de Arsénico en los depósitos de Vado y Malpaso cuyo cierre estuvo luego a cargo de Activos Mineros (entiendo que según informes de OEFA aún hay fugas de arsénico hacia el rio Mantaro).

Para tener una referencia, el Trióxido de Arsénico es el más contaminante luego de los residuos nucleares, y la fuente era un concentrado que provenía del extranjero.

Entonces, el modelo de negocio del CMLO no se definió como el de tratar concentrados limpios sino todo lo contrario, es decir procesar concentrados sucios, sin importar el contenido de arsénico que pudiese tener (finalmente quedarían como residuos en el Valle del Mantaro). Es el modelo de negocio el que dirige el diseño de Ingeniería de la Planta, y es por ello que -como se ve en el gráfico- la producción de cobre blíster y refinado cayó, porque el negocio ya no era el de ganar eficiencias por cantidad tratada, sino el de:

1. Cuando compraban concentrado, pagaban menos por efecto de los contaminantes incorporados
2. Al mismo instante, una vez que compraban concentrado “con descuento” recuperaban la mayor cantidad de subproductos, incluso aquellos que no pagaban al comprar el concentrado. En un momento se llegaron a elaborar 19 productos y subproductos en el CMLO, entre ellos (Cu blíster, Cu refinado, zinc refinado, oro, plata, plomo refinado, ácido sulfúrico, oleum, bismuto, arsénico, selenio, teluro, etcétera).

En este punto resulta sencillo darse cuenta que gracias al PAMA (Plan de Adecuación y Manejo Ambiental) se contaba con un escudo, una protección, una salvaguarda de 10 años (desde 1994) para adecuar sus emisiones a los nuevos Límites Máximo Permisibles (LMP) del año 1996.

Entonces, al pedir ampliaciones del plazo del PAMA, lo que en realidad pedían era que se extienda la protección para que no se apliquen las nuevas regulaciones ambientales. Pero esto no podría ser alcanzado si en paralelo su Modelo de Negocio era el de seguir procesando concentrado sucio.

En simultáneo, y porque las estrategias no vienen sin plan de contingencia, el dueño Doe Run Resources le había hecho un préstamo a Doe Run Perú (el bolsillo izquierdo le presta al bolsillo derecho) por el valor de la privatización, para que, si sucediese cualquier embargo, ellos recuperarían el monto pagado, y mientras tanto generaban flujos de la operación “protegida” con el congelamiento de normas ambientales.

Es por eso que a DRP y el CMLO no les conviene nunca que se les apliquen los LMP del 2010 ni los ECA del 2015. La razón de fondo: la planta no está diseñada para procesar concentrados “limpios” como por ejemplo sí lo está la refinería de zinc de Cajamarquilla o la Fundición de Cobre de Ilo. En el CMLO mientras más mugre ingrese al circuito, menores pagos se harán y mayores ingresos se tendrán.

Sin embargo, en el año 2008 con la caída del precio de los metales causada por la crisis inmobiliaria de USA, se gatilló un problema financiero también en Perú por el que el banco de cabecera de DRP le canceló su “tarjeta de crédito”, una línea revolvente de 60 MMUS$ que la usaba como capital de trabajo. Y eso destapó un problema: DRP le debía a proveedores de concentrado.

Es decir, no sólo incumplía con el Estado en finalizar su PAMA y sus compromisos del Contrato de Estabilidad, sino que además ¡no les pagaba a sus proveedores de concentrado! .

Ante ello un Proveedor-1 de concentrados (no daré nombres) se acercó al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para pedir un “salvataje” por 24 MMUS$; al enterarse el Proveedor-2 se incrementa el pedido de salvataje en 10 MM$, ambos con el argumento que esos 24 MMUS$ eran “los necesarios y suficientes para hacer andar el CMLO nuevamente y cumplir con el PAMA”.

Oh casualidad, eran justamente los montos que DRP les debía a ellos dos, de lo que se especula que ambos esperaban que apenas llegue el dinero a caja, ambos cobraban y tenían su problema resuelto. Esos eran los meses en los que en Manhattan se rumoreaba que el dueño había comprado dos departamentos para sus hijas por 60 MMUS$ pagados al contado.

Exactamente en esas fechas, un funcionario público peruano deslizó la posibilidad de que DRP argumente causas de Fuerza Mayor para solicitar una nueva prórroga del PAMA y a lo mejor el salvataje. El entonces Primer Ministro y la Ministra de Turismo hablaban de la posibilidad de una “falla sistémica” en la región[2], dando como única

alternativa que el Estado le preste dinero a una empresa que incumple compromisos hasta consigo misma.

Felizmente, en simultáneo, Apoyo Consultoría realizó un estudio donde se determinó que el CMLO aportaba sólo el 3% al PBI de Junín y 0.1% de todo el Perú, es decir: ¡Nada!. Con lo que la tesis de la “falla sistémica” quedó totalmente desbaratada. Primera gran conclusión: Junín no es una región minera ni metalúrgica, sino de otra naturaleza (¿agrícola?)

Luego, al revisar reportes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) del 2015 encontramos que Junín es fuente del 4.8% de la producción agropecuaria nacional, y que el 39% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Junín se dedica a la agricultura. Junín, señores, “es el mayor productor nacional de naranja, piña, kion, arveja grano verde, y maíz choclo; la segunda de zanahoria y la tercera en papa y café. Hasta el 2013, Junín se constituía en el principal productor de café del país”.

Hoy por hoy (año 2018) sería imposible importar concentrados con contenidos de arsénico para ser fundidos y refinados en el CMLO debido a que Perú -así como otros 172 países- ha suscrito el convenio de Basilea (ver gráfico) por el que ya no debería estar permitido el ingreso de concentrados contaminantes a territorio peruano, con lo que la masa crítica para poner en marcha el CMLO sería insuficiente lo que inmediatamente debiese llevar a su rediseño hacia concentrados limpios.

Pero como estamos hablando de un complejo muy antiguo, ubicado a gran altura (ineficiencias operacionales) termina resultando no competitivo como negocio. Para decirlo en metáfora, equivale a “hacer taxi con un Chevrolet de 1975”. Inviable.

Juntemos nuevamente las piezas para ver por qué es que esto no está funcionando:

• Tenemos que La Oroya tiene naturaleza basal logística, no metalúrgica
• Los puestos de trabajo de Junín son fundamentalmente agropecuarios, pero el valor de producción es fundamentalmente minero. Aparente contradicción, pero no.
• La población y trabajadores quieren trabajar, es decir, hay potencial, y existe “capacidad de negociación” (bloqueo de carreteras) para presionar en la implementación de algún plan.

El problema es que sólo hay Plan A (CMLO) y no hay Plan B.

Es aquí donde se puede plantear un Plan B que conjugue las potencialidades logísticas, agrícolas, de mano de obra disponible, y de este modo proponer convertir a La Oroya en un Nodo Logístico AgroIndustrial “La Oroya Verde”, donde incluso se pueda instalar un Puerto Seco (lacrado de contenedores que vayan directo al barco o avión) para que así la producción procesada/envasada viaje a mayores distancias.

Hoy por hoy, la peor alternativa es poner a los trabajadores como accionistas del CMLO. Con ello quedarán atados a una unidad de producción obsoleta y que colisiona de manera negativa con los intereses económicos de la mayor parte de la PEA puesto que para que funcione tiene que ser necesariamente sucia. Sucia tanto en los concentrados que recibe, como en los subproductos y residuos que finalmente se obtienen.

Tener a los trabajadores como accionistas es exponerlos a ser utilizados como “escudo humano” cuando la realidad del CMLO muestre que no se pueden cumplir compromisos ambientales, que no se puede tampoco cumplir con compromisos laborales internos (¿saben si algún trabajador del circuito de Cadmio ha desarrollado cáncer?).

A la gente hay que darle trabajo, pero para ello se debe primero desarrollar un Plan (tal vez Banco Mundial o BID quieran ayudar). Potencial existe, gente hay, voluntad también. Sólo falta desarrollarles la alternativa para convertir a la antigua Villa de La Oroya en “La Nueva Oroya Verde”

Si en realidad somos un país minero, hagamos que la minería sea Para Todos.