La consecuencia jurídica de la solicitud de Odebrecht al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tiene fecha. El 24 de enero del 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el Estado peruano decidió finalizar la concesión del gasoducto del sur al consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.  Aquí comenzó todo.

Odebrecht es para la justicia peruana una organización criminal y sus directivos, dado que han firmado acuerdos para colaborar y contarlo todo, delincuentes porque asumen haber cometido delitos. El acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht involucra cuatro proyectos en los que asumen ser responsables de actos ilícitos y de corrupción. 

En febrero de 2019, después de casi tres meses de un tira y afloja, finalmente se firmó en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Este permitirá al equipo especial del Caso Lava Jato recibir información y documentos claves para las investigaciones en cuatro casos:  el proyecto de la Costa Verde-tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2). El Gasoducto Sur Peruano no aparece entre ellos… por ahora.

Odebrecht afirma haber hecho espionaje industrial y forzado la voluntad de un abogado para que emitiera una opinión a su favor en un arbitraje en el caso del gasoducto. En suma, la empresa brasileña reconoce haber fomentado actos ilícitos entre privados, entre particulares, y nada de esto está relacionado con funcionarios del Estado. La tesis fiscal es que esto es falso, y demostrarlo es una tarea titánica. Pero hasta el momento esa es la posición de Odebrecht: hemos sido corruptos en otros proyectos, pero en este no,  y con ese sambenito acude al CIADI. 

Como Odebrecht, Enagás también ha requerido un arbitraje en el CIADI por el mismo motivo. Entretanto, Graña y Montero, una de las socias del consorcio, unido a este luego de que Odebrecht hubo obtenido la buena pro, se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz y recientemente ha desistido de solicitar al CIADI una indemnización. Graña y Montero formó parte del consorcio del Gasoducto Sur Peruano oficialmente desde setiembre de 2015.

La demanda de Odebrecht está vinculada al atraso de la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Alegan haber invertido miles de millones de dólares en la obra y desean que se los devuelvan, tras no haber conseguido más flujo de dinero de los bancos -no haber concretado el “cierre financiero”- dado que estas instituciones, conocidos ya los casos de corrupción en los que estaba involucrada, desistieron de arriesgar capital en una empresa con elevadas posibilidades de quebar.

En 2017, Odebrecht, en sociedad con Enagás y Odebrecht, tenían la concesión del Gasoducto Sur Peruano. Avanzaron más del 30% de la obra, que llevaría gas natural a las regiones meridionales del país. Para ese entonces, Odebrecht había comenzado a colaborar con la justicia brasileña, tenía un acuerdo con el departamento de justicia de los EEUU y otro en Suiza. Estaba en una pésima situación financiera, y la amenaza de quebrar, tanto ayer como hoy, estaba suspendida como una espada de Damocles sobre ellos De ser reconocida por trabajos de ingeniería de calidad (porque son de calidad) pasó a ser famosa por corrupta y corruptora.

El consorcio que lideraba Odebrecht no consiguió el dinero de un proyecto de más de US$7,000 millones hasta enero de 2017. Una cláusula en el contrato sostiene que el concesionario, al no haber logrado el objetivo de respaldo financiero, perdía la buena pro de este. Entonces el Estado peruano tomó cartas en el asunto, y dio por concluido su vínculo con esta. Lo que debió hacer acto seguido es preparar una nueva licitación del proyecto, cuanto antes, para que el próximo concesionario devolviera el dinero invertido en la obra avanzada y se continuara con ella (o buscar otras alternativas y evitar la actual situación). Nada de eso ha pasado. Han transcurrido tres años y el gasoducto al sur sigue siendo un anhelo antes que una obra cristalizada, el gas natural sigue beneficiando a Lima por sobretodo y ahora el Perú enfrentará un arbitraje en el CIADI.

Los funcionarios peruanos se pasaron la pelota caliente durante tres años. El consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero ya había avanzado la obra en un tercio e invertido más de US$2,000 millones. Por tanto, el Estado tenía que sentarse a negociar el pago del gasto materializado por aquellas. ¿Qué hicieron los diferentes funcionarios que ocuparon el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ejecutivo en general en ese lapso? Nada. No hicieron nada. La estrategia se limitó a dejar que el asunto se empolvara, que llegara este momento y resolviera el conflicto una entidad internacional como Ciadi, adscrita al Banco Mundial. De este modo, ningún funcionario tendría culpa alguna de haber “negociado” o “negociado mal” con Odebrecht. Los intereses personales se impusieron a los del Estado.

Antes de recurrir al CIADI, Odebrecht indica que intentó alcanzar un acuerdo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio por el que la compañía buscaba recuperar su inversión, aunque sin éxito. “El tratado bilateral de protección de la inversión privada entre el Perú y Luxemburgo establece el plazo límite no prorrogable de 3 años para que la parte afectada solicite el inicio de un arbitraje internacional”, alega. La motivación de Odebrecht es el dinero. Lo fue antes, por eso los actos de  corrupción para ganar obras, y lo es ahora, por eso su intento de recuperar cuanto antes fondos para, como ellos alegan, cumplir sus responsabilidades con sus acreedores. 

El acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la fiscalía peruana es cuestionado en estos momentos por personajes respetables y otros no tanto. A diferencia del acuerdo entre Odebrecht y el departamento de justicia de los EEUU, que pidió desde el inicio la revelación de todos los actos de corrupción y castigaba el ocultamiento de información, en el Perú los hecho se han ido conociendo poco a poco y al ritmo de samba y no de marinera. Pese a todo, la solicitud de arbitraje de Odebrecht por el caso Gasoducto Sur Peruano no tiene relación con la “incompetencia” de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Hasta donde se conoce, el caso Gasoducto Sur Peruano es un acto de corrupción entre privados y no contra el Estado Peruano, afirman abogados entendidos en el asunto. 

Culpan, eso sí, a los fiscales, de “faltos de malicia”. Hay ciertos barrios en Lima en los que sabemos que asaltan. Si transitas por estos con joyas, dinero o equipos electrónicos valiosos, hay que dar por hecho que seremos asaltados. Los fiscales a cargo del caso Lava Jato en el Perú negociaron con criminales y esperaron que estos se comportaran con decencia. Ahora quienes robaron al Perú le acusan ante un organismo internacional de haberles robado, o de al menos no haberles devuelto lo que es suyo.