El presidente del Instituto Geológico, Minero y metalúrgico (Ingemmet), Henry Luna, indicó que el proyecto minero de plata Santa Ana (hoy rebautizado como ANAP Ajaruni), ubicado en la región Puno, fue transferido a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

“Creemos que por su potencial geológico, sus reservas probadas y la envergadura del proyecto en sí, en el momento que se realice la respectiva promoción habrán diversos postores interesados a quedarse con él”, agregó el titular del Ingemmet, en el tradicional Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Actualmente Santa Ana tiene alrededor de 60,000 metros perforados, lo que ha generado información técnica y archivos físicos de las muestras y testigos de interés para los futuros postores.

Con la transferencia realizada por parte del Ingemmet a Proinversión, el proyecto minero tendrá una segunda vida, tras su cancelación en el 2011, producto de las violentas protestas atribuidas al dirigente Walter Aduviri.El Juzgado Penal Colegiado de Puno  condenó a seis años de prisión efectiva al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante la protesta denominada el ‘Aymarazo’, ocurrida en el 2011.

Mediante Decreto Supremo Nº 032-2011-EM, el gobierno de Alan García derogó el Decreto Supremo N° 083-2007-EM, que había declarado de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras para que Bear Creek pueda adquirir siete concesiones mineras denominadas Karina 9A, Karina 1, 2, 3, 5, 6 y 7, ubicadas dentro de los 50 km de la zona de frontera con Bolivia, en Puno. Este era el proyecto minero Santa Ana.

Tras la cancelación unilateral del proyecto debido a las protestas, Bear Creek demandó al Estado peruano en búsqueda de una cuantiosa indemnización por varios cientos de millones de dólares americanos.

En diciembre del 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó al Perú compensar a Bear Creek con US$ 30.2 millones por daños y perjuicios ocasionados al emitir los decretos supremos 032 y 083, que impedía a la compañía con sede en Vancouver tener una concesión minera dentro de los 50 kilómetros próximos a la frontera peruana.