Editorial | El dueño ausente

Editorial | El dueño ausente

Es incómodo mezclar la economía con la política, ambas deberían ir por cuerdas separadas teniendo en cuenta que la política es el espacio de discusión de ideas para tener normas que promuevan el desarrollo; mientras que la economía es el ecosistema producto de las reglas claras, de las oportunidades de desarrollo que la política ofrece, es lo concreto, lo real, donde no se interpreta, solo se aplica bajo una sumisión absoluta a la ley producto de ese acuerdo social surgido en el seno político. Hoy en el Perú esos límites no existen.

El sector minero se mueve en el sistema económico, aplicando normas, exigencias, y generando valor. Pero los activistas políticos intentan frecuentemente romper esa línea, intentando constantemente impactar el orden, aprovechándose de la zona gaseosa que permite el discurso político, inoculando mentiras, promoviendo el odio, amalgamando discursos mal argumentados que son la levadura para atraer grupos sociales poco informados o que no tienen la atención del Estado.

Esta reflexión nace a la sazón de los hechos vandálicos surgidos en el campamento minero Apumayo de Ayacucho donde se registraron 10 personas heridas, así como de la toma social de campamentos petroleros en la zona de la selva o de las amenazas por sabotear las operaciones de Antamina por un grupo de pobladores de la comunidad de Aquia en Áncash.

No es de negar que muchas poblaciones tengan demandas justas, el grado de postración social que existe en varias zonas del país es de lamentar y aquí hay un solo culpable: el Estado. El mismo que es el dueño del recurso del subsuelo, el mismo que recibe las ingentes cantidades de dinero proporcionados por la explotación de los recursos naturales; el mismo que tras 200 años de vida republicana no logra generar una estructura lo suficientemente adecuada para llegar a todos los peruanos con buenos servicios; el mismo que no logra advertir las necesidades, los reclamos o los disgustos de sus pobladores a quienes dice proteger; el mismo que no es capaz de abrir espacios de diálogo para evitar que el enojo ante la inacción desboque en una acción violenta; el mismo que no es capaz de garantizar que no se generen daños a la vida de otros peruanos que se ganan la vida brindando su trabajo al sector minero; el mismo que tampoco es capaz de restituir el orden si este se altera, es débil para castigar a los culpables y resarcir a los afectados.

El Estado es el “dueño” nominal del país, el Estado somos todos, pero no todos tenemos la capacidad de direccionarlo, los pobladores concedemos esta potestad a los gobernantes que son los conductores de esta suerte de combi mal estacionada sobre la berma cuyo cobrador exige por adelantado el pago del servicio a los pasajeros pero que no avanza, ni tiene visos de ir a ningún lado.

El Estado debería ser el activador, el articulador, el promotor, el desarrollador de bienestar social para amortiguar estos brotes de disconformidad. Debería estar presente técnicamente antes que llegue el discurso político que hoy suele contaminarlo todo creando un fango pantanoso donde luego no hay posibilidad de pisar en firme.

El Estado también debe cuidar el sector económico porque su funcionamiento es la savia que alimenta a todos los componentes de este cuerpo llamado Perú, no puede renunciar a su rol. Se dice que el Estado somos todos, si es así, es probable que sea de nadie, alguien tiene que asumir esa responsabilidad y conducir esta nave. Ese rol es del Gobierno actual, de no hacerlo, la política, y los diversos grupos políticos, seguirán peleándose en plena marcha del auto estatal, teniendo el riesgo de estrellarlo en el primer poste de la calle.

*Esta es la editorial de la revista N°90 de Energiminas, edición que puedes leer gratuitamente aquí.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)