La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/121.000 en el Gobierno Regional Cusco, debido a que exfuncionarios y exservidores de dicha entidad aplicaron reajustes de precios en la adquisición de combustible diésel B5 S-50 por un combustible diferente al contratado. En 2017, la empresa ganadora de la buena pro y el Gobierno Regional de Cusco suscribieron un contrato para la adquisición de 400 mil galones de combustible para el proyecto de mejoramiento de la carretera Huancarani-Paucartambo. Ambas partes acordaron contratar el combustible diésel B5 S-50 con precio unitario de S/10 por galón, permitiéndose la aplicación de variaciones al precio unitario.

La comisión de control evidenció que se gestionaron reajustes de precio pero con un combustible diferente al contratado (diésel B5 UV S-50). Asimismo, se verificó que en una de las órdenes de compra, el cálculo de reajuste de precio unitario difiere con las variaciones comunicadas por el contratista, así como con las publicadas por Petroperú. Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 040-2020-2-5337, en consecuencia, la entidad pagó la suma de S/. 4.411.879 cuando correspondía pagar un total de S/4.290.575, generándose un pago en exceso de S/121.304 en favor del contratista. 

Además, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en servidores, exservidores y  exfuncionarios del Gobierno Regional del Cusco, quienes laboraron en el período materia de observación en el área funcional de compras, de Asesoramiento Legal en Contrataciones del Estado, Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y Oficina de Contabilidad.

Los resultados de este informe de control fueron notificados al titular de la entidad para el inicio de las acciones administrativas que correspondan contra los servidores, exfuncionarios y exservidores involucrados.