Organismo sostiene que propuesta normativa desnaturaliza el proceso de formalización minera e implica retroceso frente a la minería informal e ilegal

La Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo a observar la autógrafa del Dictamen recaída en los proyectos de ley 688/2021-CR, 705/2021-CR y 733-2021-CR, remitida recientemente por el Congreso de la República, que propone prorrogar la vigencia del proceso de formalización minera integral por tres años adicionales; así como ampliar el plazo para la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y otorgar 180 días hábiles para la elaboración de una propuesta normativa sobre el tema.

A través de un documento dirigido por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a la Presidencia del Consejo de Ministros, se precisó que la propuesta normativa no garantiza actividades mineras sostenibles y respetuosas con el marco jurídico, lo que a su vez vulnera los derechos a la salud, a la vida y a gozar de un ambiente adecuado. En ese sentido, alertó que la aprobación de la iniciativa legislativa no se condice con el deber constitucional del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos, ni con el deber del Congreso de la República de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes.

En el caso de la ampliación del plazo del proceso de formalización minera, por ejemplo, se advierte que la propuesta normativa no incluye restricciones ni condiciones de permanencia por lo que se incluiría a los mineros con inscripción vigente e inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera, entre los cuales se encuentran quienes no cuenten con las medidas ambientales exigibles o no se han sometido a las normas que regulan el control de insumos químicos o a las exigencias tributarias. Esta situación no solo perjudicará el propio proceso de formalización minera, sino que también dificultará la persecución del delito de minería ilegal y favorecerá a la práctica de dicha actividad ilícita, que resultará injustamente beneficiada.

En el documento remitido a la jefa del Gabinete Ministerial, el titular de la Defensoría del Pueblo detalla que la minería ilegal propicia también la aparición de otros problemas sociales asociados, como la explotación laboral, sexual y trata de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes. “La gravedad es tal, que miles de personas trabajan sin derechos laborales y en condiciones de alto riesgo para sus vidas”, sostiene. En términos ambientales, precisa que la minería ilegal afecta a aproximadamente cuatro áreas naturales protegidas y seis zonas de amortiguamiento y ha generado que en los ríos amazónicos se hayan vertido miles de toneladas de mercurio en los últimos años. Por su parte, en términos tributarios, representa más de quinientos millones de soles en impuestos dejados de pagar al Estado.

Cabe indicar que, para la Defensoría del Pueblo, la continuidad de actividades mineras que operen incumpliendo estándares ambientales y sociales ocasionarían graves impactos al ambiente, la vida y la salud. En ese sentido, se advierte que las constantes prórrogas han desnaturalizado el carácter excepcional del proceso de formalización minera iniciado en 2002, hace casi 20 años y que estas medidas constituyen un debilitamiento y retroceso, restando legitimidad al mismo proceso, toda vez que no generan los incentivos para que el sujeto de formalización procure su cumplimiento.

La institución también cuestiona que el proyecto busque una nueva postergación del plazo límite para contar con una Política Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, el cual actualmente vence en marzo de 2022, siendo la propuesta ampliar hasta diciembre de 2024. En ese sentido, manifiesta la importancia de contar con urgencia con la referida política, teniendo en cuenta las condiciones en las que opera la actividad minera informal y el impacto sobre el ambiente y la salud de las personas.

Finalmente, el documento concluye indicando que la Defensoría del Pueblo reconoce la importancia de la promoción del desarrollo económico, sin embargo, las actividades mineras de cualquier estrato, deben realizarse garantizando la protección del el ambiente y los derechos humanos involucrados. Por ello, se precisa que todos los poderes y niveles del Estado deben promover una legislación coherente con el desarrollo sostenible, garantizando el respeto a la vida, salud e integridad de las personas, así como la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.