De un total de 125 conflictos socioambientales en el país, 78 están vinculados a la actividad minera: 63 están activos y 15, latentes, informó Luis Alberto Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. En declaraciones al medio Gestión, el funcionario sostuvo que solo el 12% de los conflictos socioambientales mineros son por oposición al inicio y desarrollo de actividades mineras, el resto se vincula a actividades que ya están en desarrollo o producción. Además, 42 casos se encuentran en diálogo, donde el 40% inició esta etapa tras un hecho de violencia.

A pesar de lo mencionado, Alvarado agregó que «de acuerdo con los registros oficiales del Gobierno nacional, más del 50% de los compromisos todavía están en vías de cumplimiento, es decir, no se han cumplido». Precisó que se trata de compromisos estatales y de las empresas, dentro del proceso de diálogo. «Para la Defensoría, es importante que se dé un tratamiento a esto y también un sinceramiento. Estamos ad portas de un nuevo año, nuevamente se va a formular el presupuesto público, y es muy necesario un sinceramiento de qué compromisos, dentro de determinados espacios de diálogo, se pueden cumplir. Me refiero a los relacionados a proyectos de inversión pública, entre otros».

La Defensoría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación de una estrategia de gestión de conflictos sociales y el restablecimiento del diálogo en el contexto del covid-19, que implique por lo menos “el fortalecimiento de la confianza mediante oportunas rendiciones de cuentas sobre el cumplimiento de acuerdos”. Además exhortó también al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a que realice una evaluación del nivel de cumplimiento de compromisos de las empresas mineras y lo publique en su portal de forma periódica.